Dentro del proceso de atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado que vivió Colombia por más de cincuenta años se entregaron en Quibdó, Chocó los reconocimientos de indemnización y 60 millones de pesos a siete damnificados de esa región del país, durante el décimo cuarto taller 'Construyendo país' encabezado por el presidente Iván Duque.
Las víctimas recibieron de manos del director de la
Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade y Susana Correa, directora de Prosperidad Colombia y la Alta Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, los documentos en los que se les hace el reconocimiento de su condición de víctimas y los recursos monetarios, como una compensación por el daño sufrido durante varios por los ataques de la guerrilla de las Farc en el Chocó.
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“Este taller es una oportunidad para responder a las solicitudes de las víctimas con relación al trabajo realizado en las mesas, donde nos pedían prórroga de la Ley de Víctimas y donde también se habló de la recuperación de las tradiciones en Bojayá”, aseveró Rodríguez Andrade durante el taller en Quibdó, ciudad que está celebrando 71 de fundada.
https://twitter.com/RamonRguezA/status/1058826968953708544
Uno de los miembros del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, José de la Cruz Valencia, destacó la importancia de la reunión e hizo un llamado a los integrantes del gabinete presidencial y organizaciones públicas para que también participen en el proceso de atención y reparación integral de las víctimas. "Necesitamos que la reparación a las víctimas no la dejen solo en manos de la Unidad, si no que sea integral y que participen otras entidades competentes; además requerimos, acompañamiento y oportunidades en educación superior para nuestros jóvenes", manifestó Cruz Valencia.
La ONU advierte sobre desplazamiento
Este sábado 3 de noviembre la Defensoría del Pueblo, denunció que desde el primero de noviembre, en otra de las zonas vulnerables del país por el conflicto, aproximadamente 750 personas en Hacarí zona rural del departamento de Norte de Santander, tuvieron que salir del territorio a causa de los constantes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias del Ejército Popular de Liberación (EPL).
Recientemente, la
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dio a conocer el desplazamiento de 368 habitantes del municipio, ubicado en la región del Catatumbo, con fuerte presencia de grupos al margen de la ley que se disputan el control de los cultivos de coca. No obstante, la cifra aumentó de manera considerable con el pasar de los días, dejando entrever la difícil crisis humanitaria que enfrenta el territorio.
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"Las personas en situación de desplazamiento se encuentran albergadas en las instalaciones del antiguo colegio San Miguel, y otras se alojan en viviendas de familiares y conocidos en la cabecera municipal de Hacarí", señala el informe de la OCHA. Asimismo agregó, que "existe preocupación por la falta de personal médico y ausencia de ambulancia para la atención de posibles heridos en zonas rurales, lo cual resulta difícil de subsanar dadas las condiciones de seguridad de la zona".
De acuerdo con el documento, las condiciones de albergue son precarias, y no se alcanza a cubrir todas las necesidades de la población en materia de seguridad alimentaria, salud, protección y servicios públicos esenciales. A su vez, el documento indica que debido a los enfrentamientos al menos 100 menores se han visto afectados, ya que no han asistido a clases y se encuentran sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
https://twitter.com/umaic_colombia/status/1058457979639554049
En lo que va corrido de 2018, en el municipio se han registrado cuatro eventos similares de desplazamiento forzado masivo, "que ha dejado la Administración Municipal en condiciones críticas de disponibilidad recursos para dar respuesta a la crisis actual", indicó el organismo humanitario.
Precisamente, la semana pasada el presidente Iván Duque activó la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 (Fudra), con más de 5.000 hombres para combatir la presencia de grupos ilegales armados y reforzar la seguridad en la zona del Catatumbo.
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