Martinelli, cara a cara ante la justicia panameña

13 de junio del 2018

Ricardo Martinelli podría enfrentar una pena superior a 21 años.

Martinelli, cara a cara ante la justicia panameña

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“¡Estoy listo para ver el mundial!”, esas fueron las palabras del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) al aterrizar en el aeropuerto de Tocumen, aunque originalmente el aterrizaje estaba programado en la antigua base área estadounidense, en horas de la mañana y siendo escoltado por autoridades panameñas que luego lo presentarían ante la justicia para la comunicación de sus derechos.

El expediente contra el expresidente panameño se basa en once denuncias presentadas por diputados, abogados, periodistas y líderes cívicos de la oposición víctimas de las intervenciones telefónicas sin autorización llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Martinelli y por lo cual ya fueron judicializados dos exdirectores de la entidad.

Para ello, según la acusación instaurada por Harry Díaz, magistrado fiscal de la CSJ, Martinelli malversó fondos estatales destinados al apoyo alimenticio de escuelas públicas por medio del Plan de Ayuda Nacional (PAN) para adquirir por 13.5 millones de dólares un equipo de interceptación a la empresa privada de seguridad MLM Protection de Israel, como consta en las declaraciones de Giacomo Tamburelli, exdirector del PAN, que relacionó al expresidente con el caso.

Si bien el gobierno de Martinelli estuvo permeado por las polémicas, Ernesto Balladares, actual precandidato por firmas, le manifestó a Kienyke.com que todo ocurrió bajo el amparo de una administración que combinó negocios personales con los estatales y prueba de ello es que Gioconda Torres, contralora investigada durante aquel periodo, fue además la contralora personal del exmandatario.

Causa penal

El 8 de junio de 2015, la CSJ admitió las denuncias por interceptación ilegal presentadas en febrero de ese año y abrió una causa penal contra Martinelli. En octubre, el fiscal Díaz presentó una acusación producto de su investigación y posteriormente la CSJ citó a Martinelli el 11 de diciembre para declarar en el caso. Sin embargo, ante la inasistencia del exmandatario, el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía lo declaró “en rebeldía” y continuó el proceso en su contra.

Durante diciembre de 2015, el ente fiscal ordenó su detención preventiva ante la cual la defensa instauró el recurso de habeas corpus, reconocido por la Constitución Política de Panamá como el “derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse”.

El 26 de mayo de 2016, la CSJ hizo la solicitud formal de extradición ante la Cancillería panameña por el caso que sería rechazada por falta de la declaración jurada por parte del fiscal Harry Díaz. Luego en junio, Mejía solicitó a la Policía Internacional (Interpol) la circular roja de arresto contra el expresidente. Éste pedido se sumó al de extradición enviado al gobierno estadounidense a través del consulado panameño en Washington el 23 de septiembre del mismo año.

Finalmente, Ricardo Martinelli fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami, Florida, y trasladado al Centro de Detención Federal de Miami donde permancería recluido a pesar de los cuatro pedidos de libertad bajo fianza que interpuso su defensa y fueron negados en las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia americana.

El 31 de agosto de 2017, el mismo órgano lo declaró extraditable. Fallo que luego sería confirmado por la jueza Marcia Cooke de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida tras la apelación de su defensa. Para marzo del 2018, el expresidente apeló el dictamen ante un tribunal de Atlanta, Georgia, que confirmó por tercera ocasión la decisión y lo citó a una audiencia de reclamación en julio.

Aún así, Martinelli comunicó su decisión de desistir a la apelación el 23 de mayo y dos días después publicó una carta en la que expresaba que durante su gobierno se ejecutaron acciones con el fin de favorecer los intereses de Estados Unidos, como la interceptación del buque norcoreano “Chong Chon Gang” que pretendía llevar armamento de forma ilegal hacia Cuba en 2013 y otras decisiones que generaron señalamientos internacionales.

Tras la publicación de la carta, el 8 de junio de 2018, el Departamento de Estado americano aprobó la solicitud de extradición a Panamá de Ricardo Martinelli hecha por la CSJ por el caso de las escuchas ilegales a miembros de la oposición durante su gobierno (2009-2014), que lo enfrentan ante un proceso que para Luis Camacho, vocero del expresidente: “Nunca ha sido jurídico. Es estrictamente persecución política”.

Desde la extradición cumplida el pasado lunes, la duda se situó sobre el poder jurídico de Panamá ya que, según le manifestó a Kienyke.com Carlos Carrillo, abogado defensor de Martinelli, su vida fue puesta en peligro y por ende la CSJ debe resolver lo más pronto posible la solicitud de medidas cautelares que podría repercutir en su liberación provisional.

Ante dicha probabilidad, Balladares manifestó que si bien todo depende del desarrollo del proceso, si Ricardo Martinelli es declarado inocente o liberado “empezará una campaña de confrontación muy peligrosa”, refiriéndose a las próximas elecciones presidenciales en Panamá.

¿Por qué solo se juzgarán las interceptaciones?

De acuerdo al Tratado de Extradición suscrito entre Estados Unidos y Panamá en 1905, su cláusula de especialidad señala que en este tipo de procedimientos el extraditado solo podría ser enjuiciado por el delito que es requerido, en este caso, la interceptación no autorizada de comunicaciones a opositores, incluido Juan Carlos Varela, actual presidente de Panamá, quien formó parte del gabinete gubernamental de Martinelli (2009-2014).

Sin embargo, Carrillo también expresó que su defendido no debería estar encarcelado de acuerdo a la ley. A su vez, Camacho le manifestó extraoficialmente a Kienyke.com que de no darse la pronta liberación de Ricardo Martinelli, “Cambio Democrático saldrá a las calles a exigir se respete su integridad física y moral”.

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