En el marco del debate al acto legislativo de Justicia Especial para la Paz que este miércoles se inició en el Congreso a través del mecanismo rápido de Fast track, el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, respondió a las críticas que desde diferentes sectores se escucharon luego de conocerse la lista de magistrados que integrará la JEP.
Rivera enfatizó en la inclusión y diversidad del grupo elegido: "Este es un proceso independiente (...) El comité se ha esforzado por tener una especie de espejo de lo que es la realidad colombiana y eso incluye inclinaciones políticas de diferente orden, incluye un 53% de mujeres magistradas, incluye más de un 60% de magistrados y jueces que no provienen de Bogotá".
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El alto comisionado consideró que las críticas y preocupaciones son legítimas y depende del Congreso continuar con la aclaración de los procesos.
"El momento para ventilar esas preocupaciones es en la discusión del Congreso sobre la ley estatutaria de la justicia especial de paz. Allí tienen que establecerse procedimientos de impedimentos y recusaciones que garanticen la imparcialidad de esta justicia y que en cualquier caso que ellos tengan conocimiento y hayan emitido opiniones en el pasado como ocurre con cualquier juez en Colombia, estén obligados a declararse impedidos o si no lo hacen puedan ser revisados por cualquiera de las partes", afirmó.
En cuanto al presupuesto y costos de la JEP, Rivera dijo que el tema está en manos del Ministerio de Hacienda y del departamento de la función pública de la secretaria ejecutiva de la JEP.
Insistió en las garantías que provee la JEP. "Todos los colombianos pueden estar tranquilos de que la Justicia Especial va a ser restaurativa y justa", dijo Rivera.
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La imparcialidad fue uno de los puntos fuertes en la declaración que el alto funcionario entregó a los medios de comunicación.
"Vamos a garantizar que existan los mecanismos de recusaciones e impedimentos, si en algún caso concreto alguna persona vinculadas con algún sector político está ante la JEP y siente que el magistrado no es suficientemente imparcial, tendrá la oportunidad que el magistrado se declare impedido; así mismo con los exmiembros de las FARC o miembros de la fuerza pública porque también la JEP va a considerar conductas cometidas dentro del marco del conflicto por cualquiera de los actores".
Por otro lado señaló como un logro la autonomía del procedimiento de escogencia de magistrados, asegurando que esto garantiza el éxito de este proceso."Es fundamental que fuera un proceso autónomo, que no hayan sido escogidos por las FARC ni el gobierno ni por ningún actor".
