La mitad de los delitos en Colombia se relacionan con el conflicto armado: Vicefiscal Perdomo

La mitad de los delitos en Colombia se relacionan con el conflicto armado: Vicefiscal Perdomo

3 de Marzo del 2016

Jorge Fernando Perdomo, Vicefiscal general de la Nación, es rotundo: ese organismo seguirá defendiendo el proceso de paz que adelanta el Pesidente Santos y que tiene como centro principal La Habana.

Hay dos motivos, explica Perdomo. El primero es que más de la mitad de los delitos que investiga la Fiscalía General de la Nación están relacionados con el conflicto armado interno, lo cual demanda tiempo y recursos. El segundo es que sólo un país en paz podrá gozar de los derechos básicos que están asociados a este bien.

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Hablando en el homenaje que le rindió el Huila como personaje del año 2015, seleccionado por votación popular entre los lectores del Diario del Huila, dijo que en ese departamento con las negociaciones de paz se ha reducido la criminalidad en más de un 50%.

“Por eso es que este tema resulta tan importante para nosotros y por ello es que estamos comprometidos a aportar con nuestro para brindar herramientas que puedan darle solidez al postconflicto en paz”.

Honestidad y eficiencia 

Estos son otros planteamientos de Perdomo, oriundo de Gigante, miembro de una familia humilde, cuyos padres, hermanos y sobrinos estaban en primera fila aplaudiendolo, como medio millar de personas, convocados por el funcionario que más ha golpeado la corrupción en ese departamento:

– Creo que el ejercicio de una función pública tan importante para la sociedad como es la justicia debe estar caracterizado por dos factores: honestidad y eficiencia, sin que se pueda decir que uno de ellos sea más importante que el otro, ya que de nada sirve un funcionario probo pero inútil, así como resulta tremendamente peligroso uno que sea eficiente pero deshonesto.

– Ese es nuestro trabajo en la Fiscalía General de la Nación: desde la atención temprana de las víctimas, pasando por la investigación penal, hasta la judicialización de los responsables; labor que ha tenido significativos avances y resultados en los últimos cuatro años: entre otros, la desarticulación de bandas criminales, la captura y judicialización de importantes delincuentes, y la incautación y extinción de dominio de millonarias propiedades.

Modernización institucional

A pesar de que la lucha contra la criminalidad en Colombia no es una tarea fácil, durante la actual administración de la Fiscalía nos hemos fijado metas ambiciosas en este sentido, como una modernización institucional de cara a los nuevos desafíos que plantea la criminalidad, así como cambios profundos en la manera de investigar los delitos, especialmente los más graves. Por esta razón, considero este reconocimiento como una voz de aliento para seguir luchando contra la criminalidad, contra la corrupción, para seguir perseverando en la efectiva judicialización y castigo de los delitos; pero principalmente, para que a las víctimas les sean efectivamente reconocidos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Jorge Fernando Perdomo

La ética y el derecho

– El Problema de la conducta ética entre los funcionarios públicos no es menor, y muestra de ello es que hace unos meses escuchamos a uno de los más prestigiosos abogados de nuestro país afirmar que la ética y el derecho son dos ámbitos de nuestra conducta sin relación entre ellos, y que basta cumplir con la ley y dejar la ética a los filósofos.

– Por ejemplo, para un funcionario que estudia la concesión de una licencia no es contrario a la ética y al derecho que tenga una amistad con el representante legal de la empresa interesada en la adjudicación. Lo que interesa al derecho es que esa relación de amistad se oriente por la ética y no se le otorguen privilegios o beneficios basados en la amistad, pues esto desvía la función pública, el interés general y favorece los intereses particulares.

– Pienso que, contrario a lo manifestado por el famoso abogado anteriormente citado, la ética y el derecho sí se encuentran íntimamente ligados, no sólo desde un punto de vista idealista, si así quieren llamarlo algunos, sino también desde uno estrictamente racional, en la medida en que si entendemos que los comportamientos éticos de los individuos tienen repercusiones en el funcionamiento de las organizaciones de las cuales hacen parte y, por ende, de la misma sociedad, es fácil concluir que no se trata de asuntos que atañen exclusivamente a la esfera privada del individuo, sino que repercuten en la dinámica de la sociedad entera.

Vicefiscal General orge Fernando Perdomo

– Un ejemplo de ello es precisamente la cosa pública. Si el funcionario público es consciente desde su ámbito ético individual que los recursos públicos sometidos a su manejo o control son de todos, nos pertenecen a todos y nos benefician a todos, entonces no los despilfarrará cuando se encuentran bajo su custodia, ni tampoco se apropiará de los mismos o los utilizará en beneficio propio o de terceros. Por el contrario, será consciente de su vocación de utilidad para el beneficio común de los ciudadanos, por lo que les dará un tratamiento incluso más escrupuloso que a sus propios bienes.

– Es claro entonces que la conducta y la formación ética de los dirigentes sociales y políticos cobra especial relevancia frente a una de las mayores preocupaciones que tocan la tranquilidad de todos los colombianos, y en particular de todos nosotros como ciudadanos huilenses. Me refiero a la corrupción pública y privada que es uno de los temas judiciales más recurrentes y que es ventilado en los medios de comunicación audiovisual e impresos, en especial, cuando resultan involucrados altos funcionarios del Estado.

– La corrupción la entendemos desde el punto de vista penal como aquellas conductas que son realizadas por los servidores públicos o los particulares que lesionan el patrimonio del Estado, el interés público y la eficiencia y transparencia de los asuntos públicos. Sobre esto se afirma que todo acto de corrupción, y principalmente de los poderosos, implica una desviación de los fines del Estado y la ineficiencia y la apropiación de fondos públicos destinados al cumplimiento de las obligaciones estatales.

Cuando no hay confianza

– La corrupción tiene unas dimensiones sociales mucho mayores que van más allá de la desviación de la función pública y la usurpación de los recursos públicos, en la medida en que estas conductas socavan un elemento fundamental en el funcionamiento del Estado y en la relación con los ciudadanos como es la confianza en las instituciones estatales, en los servidores públicos y en la clase dirigente.

– Sin confianza no hay visión de futuro para una sociedad, la falta de confianza puede conllevar a la parálisis misma de la administración, a que se imponga una cultura de la ilegalidad y se consoliden elites mafiosas como ha sucedido en algunas zonas del país. Paradójicamente los departamentos y municipios que reciben recursos, por ejemplo, de las regalías, son los más azotados por este fenómeno quedando sumidos en el abandono, con los funcionarios públicos tras las rejas y, como es el caso de algunas ciudades del país, sin servicios públicos esenciales como el agua, la salud o la educación.

– Así las cosas, el terrible fenómeno delictivo de la corrupción no se agota en el robo y desvío de los recursos públicos, sino que genera daños mayores sobre el Estado social de derecho, en el cual la administración de los recursos públicos debe ser sagrada por cuanto de ella dependen los derechos sociales y las políticas públicas encaminadas a garantizar la vida, la salud, la justicia y la educación de muchos colombianos.

Por ejemplo, ¡en este preciso momento hay 32 investigaciones activas en contra de 17 alcaldes del Departamento del Huila!