La Contraloría le mete la mano a las cárceles

La Contraloría General  abrió varios procesos de responsabilidad fiscal,por presuntos ilícitos que podrían haberse presentado en la prestación de los servicios de salud en los centros penitenciarios del país. El ente de control también inició  un juicio de responsabilidad fiscal por actuaciones que presuntamente comprometen al Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, y a su director, el Mayor General Gustavo Ricaurte Tapa, por el posible deterioro del patrimonio del Estado derivado de la no utilización de los equipos de seguridad electrónicos, contratación que tuvo un costo aproximado de $28 mil millones de pesos. En concepto de la CGR, la situación anterior pudo haber tenido repercusiones en relación con el tema de la salud en las cárceles, dado el hacinamiento existente y el alto impacto que pueden tener los problemas de higiene. Para la Contralora General, Sandra Morelli Rico,“La situación de las cárceles debe tratarse de manera urgente y, en este sentido, la Contraloría General de la República, desde su ámbito de competencias, no ahorra acciones para intervenir de manera inmediata”.