Enorme revuelo ha levantado la decisión del Gobierno colombiano de no asistir a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tenía como finalidad discutir y rechazar las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua. Gobierno que está en el ojo del huracán por el creciente número detenciones arbitrarias a opositores políticos y organizaciones religiosas, entre otros ataques que han sido condenados internacionalmente.
Precisamente a inicios de este mes, ocho estados miembros de la OEA solicitaron esta sesión para votar la resolución que condena “enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y las que critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua”.
Sin embargo, en la jornada de aquel 12 de agosto los ausentes fueron los estados de Nicaragua y Colombia, quien terminó por no sentar posición en la votación que terminó favorable gracias al sufragio de 27 países, frente a un voto en contra y cuatro abstenciones. Aún así, el tema no alcanzaba tal dimensión hasta que se supo que el vacío de representación de Colombia habría sido ordenado directamente por el canciller Álvaro Leyva.
Así lo dio a conocer Noticias Caracol, que a través de un derecho de petición logró enterarse que el Gobierno colombiano fue informado “con la debida antelación” de la sesión extraordinaria de la OEA, según un documento firmado por el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana.
“Luego de consultar con las autoridades pertinentes, se transmitió a la Misión Permanente ante la OEA la instrucción respectiva”, señaló Quintana respondiendo a los interrogantes del canal, confirmando además que esta instrucción provino desde los altos mandos de la Cancillería.
Así las cosas, desde diferentes sectores de la política nacional (incluso afines al Gobierno) se extendió el cuestionamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la ausencia de Colombia en la reunión de la OEA. Explicaciones que, por lo menos en parte, fueron entregadas por el viceministro Quintana.
Dicho funcionario, señaló a Caracol que se trató de “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”. No obstante, dicha corta frase deja en el fondo más interrogantes que respuestas, sobre todo en lo que respecta a si esto obedece a una posición oficial del Gobierno frente a las actuaciones de Nicaragua.
Por ahora, existe pleno silencio tanto de la Cancillería como de sus funcionarios, para dar mayor claridad sobre cuáles son los confidenciales “aspectos de política exterior”. Algo que ya empieza a resonar entre varias fuentes políticas que exigen al gobierno Petro tomar cartas en el asunto.
Uno de ellos es, por ejemplo, el representante Víctor Andrés Tovar, de Cambio Radical, quien ha solicitado a su bancada citar de inmediato un debate de control político al canciller Leyva para explicar su ausencia en la OEA, debido a que considera “inadmisible que Colombia se este alineando con un régimen dictatorial como el que controla Nicaragua”. Y no fue el único.
Colombia y Nicaragua
Un día antes de la mencionada sesión extraordinaria de la OEA, se daba el nombramiento del embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz. Anuncio que fue recibido con variedad de reacciones, muchas de las cuales criticaban el inexistente bagaje diplomático del excongresista.
No obstante, el primer mensaje de Muñoz como embajador daba varios visos de cómo sería la nueva relación del Gobierno colombiano con Nicaragua, una relación que durante años se ha mantenido tensa por el litigio en la Corte Internacional de la Haya sobre la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Algo agudizado con la posición de opositor que adquirió el gobierno colombiano durante el gobierno de Iván Duque.
“Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica. Agradezco al presidente Gustavo Petro por esta designación y confianza. El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”, señaló el nuevo embajador colombiano.
Ahora, en medio del escándalo mundial por la persecución de la prensa, líderes religiosos y opositores políticos, Colombia se ausenta de una reunión que bien puede ser percibida como una posición oficial del nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que los únicos votos contrarios para la resolución de la OEA fueron Bolivia, El Salvador, Honduras y México.
Ahora bien, ¿qué dice la resolución votada en la OEA? Básicamente, además del enérgico rechazo a lo que está pasando, insta al gobierno nicaragüense a liberar a los presos políticos, a terminar con la intimidación de la prensa independiente y garantizar el derecho a la libre expresión, restablecer instituciones democráticas y firmar estatutos rectores de la OEA, así como su compromiso con el estricto respeto a los derechos humanos.
No obstante, lo sucedido con Colombia (inédito, por no decir más) ha alcanzado bombo mediático como la ausencia de rechazo del estado colombiano frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Solo una razón válida y oficial podría balancear la situación, aunque en el fondo todo esto revive la duda de qué tanto estará dispuesto a ceder el gobierno en su tarea de reconectar a Colombia con sus vecinos.
