¿Despluman la paz en el Congreso?

¿Despluman la paz en el Congreso?

31 de octubre del 2017

Este martes fue otro día fallido para los proyectos de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc que hacen trámite en el Senado. La agenda del día incluía el debate en plenaria de la Jurisdicción Especial de Paz, la famosa JEP, que servirá como tribunal transicional que juzgará a los miembros de la guerrilla y civiles y militares que se acojan a esta justicia.

El gobierno está con los pelos de punta con esta situación, porque le queda un mes al sistema legislativo abreviado, conocido como el Fast Track, que vence el próximo 30 de noviembre, y que se concibió para que la agenda de paz fuera la más ágil y temprano posible.

La mesa directiva del Senado, afín a darle rápido y feliz término a los proyectos del gobierno en el marco de los acuerdos de La Habana, hace todos sus esfuerzos para ello, pero las diferencias y reparos de sectores políticos contrarios al pacto con las Farc han hecho mella al interior del Legislativo y se han ampliado a miembros de otras colectividades con asiento en el Congreso, al punto de no alcanzar el quórum necesario para avanzar con las iniciativas.

Diferentes voces advierten que sin el marco normativo de la JEP, sería “tirarse” el proceso de paz; por lo cual quedaría en el limbo la situación de los excombatientes de todo nivel.

Las cartas del Gobierno siguen puestas en el efectivo trámite en el Congreso, para ello se espera que las diferentes plenarias de la Corporación habiliten más días de la semana a los acostumbrados martes y miércoles para el respectivo trámite. Pero según los más recientes eventos, el hueso más duro de roer estaría en la Cámara de Representantes donde su presidente, Rodrigo Lara, de Cambio radical, es quien ha estado más reacio.

Según analistas, la Casa de Nariño se la va jugar por la vía legislativa hasta último momento, pero ante la adversidad, entraría a jugar su otra carta con el propio acto legislativo 02 de 2017 que brinda estabilidad y seguridad jurídica al llamado acuerdo del Teatro Colón, con el que después entraría “legislar” vía decretos presidenciales.