Exterminio de líderes sociales práctica perversa

Exterminio de líderes sociales práctica perversa

8 de enero del 2019

Antioquia, el norte del Cauca, el bajo Cauca, el Catatumbo, Chocó, son las zonas del país donde más número de líderes sociales han sido asesinados desde cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc y el año 2019 no arrancó con buenas noticias, en solo una semana el número ya llega a seis personas vinculadas a procesos sociales, defensa de derechos humano y trabajo comunitario que han perdido la vida en atentados, esta situación hace de Colombia el único país de la región donde se vive un exterminio sistemático de estos líderes.

En 2018 fueron asesinados 252 entre mujeres y hombres que encabezaban procesos de reconciliación o aspiraban a cargos de elección popular en diferentes regiones del país y de los excombatientes de las Farc que entregaron las armas 58 murieron víctimas de atentados, uno de ellos en esta primera semana del año. 

La situación es cada vez más preocupante, la Unidad Nacional de Protección al parecer no tiene la capacidad para atender las necesidades de personas amenazadas en zonas tradicionalmente conflictivas, en las que convivieron en una guerra entre las Farc y los grupos paramilitares que dejó miles de muertos.

Según el director de esa unidad, Pablo Elías González ninguno de los seis muertos en lo que va corrido de enero habían denunciado ser víctimas de amenazas, pero lo que si es cierto es que al parecer todos los que de alguna manera son vistos como cercanos a la implementación del proceso de paz están en la mira de quienes los consideran enemigos.

Kienyke.com dialogó con el exministro Camilo González Posso, presidente de Indepaz quien aseguró que los crímenes “son la continuidad de todo un proceso de persecución a líderes que con asesinatos y amenazas se implementó con la firma de los acuerdos, porque hay muchas polaridades locales y regionales, cuyo elemento común son formas de resistencia a la transición que se está dando”

Esta organización, así como la Comisión de Paz del Senado le están pidiendo al gobierno que adopte medidas efectivas para que no continúe avanzando el exterminio de líderes y que no se repita la historia de lo que pasó con los integrantes de la Unión Patriótica, que fueron cayendo uno a uno y que incluyó el homicidio de dos candidatos a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y un crecido número de dirigentes militantes de base que podrían pasar de 3.000. 

La posibilidad del rearme de excombatientes no es una utopía, pero el fenómeno más común es el de el enganche de mujeres y hombres por parte de otros grupos armados ilegales que persiguen a los líderes. “Hay una combinación de alianzas alrededor de los paramilitares y los grandes proyectos de negocios  ilegales, situaciones cruzadas en zonas como el  Catatumbo, Antioquia, Chocó o el Cauca donde no hay respuesta del estado para esas regiones con políticas sociales, pues no se han acomodada a las nuevas circunstancias con soluciones de fondo”, sostiene González Posso quien en la Fundación que dirige lleva un riguroso censo de las muertes de estos líderes.

El director de Indepaz asegura también que se trata de un fenómeno dentro de la lógica del paramilitarismo porque hay complicidad entre grupos armados y autoridades locales, agentes del estado y negocios ilegales y señala que ese revuelto “existe en algunas zonas y en otras, hay delincuencia común que de igual forma asesina líderes.

La posibilidad de que haya más líderes asesinados en el presente año crece por  la aspiración de muchos de ellos a ocupar cargos que serán elegidos en las elecciones del 27 de octubre 27  como alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, para el periodo 2020 – 2023.