Santrich: la prueba de fuego de la JEP

18 de mayo del 2018

El caso de Jesús Santrich se convirtió en el primero que pasa por las manos de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), y ha sido tan polémico como fue su creación en el Congreso de la República. Más allá de que se trate de un personaje influyente y relevante en el Acuerdo de Paz […]

Jesus Santrich

El caso de Jesús Santrich se convirtió en el primero que pasa por las manos de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), y ha sido tan polémico como fue su creación en el Congreso de la República. Más allá de que se trate de un personaje influyente y relevante en el Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc, lo que hace que este hecho sea realmente importante es que la manera como se solucione, enviará un claro mensaje al país de la forma en que trabajará la JEP.

Y hasta el momento ese mensaje no ha sido bien tomado por algunos sectores, no solo políticos sino al interior de Gobierno. Santrich fue capturado por presuntos vínculos con el narcotráfico después de la firma del Acuerdo, y en respuesta entró en huelga de hambre buscando su libertad. Tras esto, la JEP debía determinar si los actos pasaron antes o después de la firma.

El tribunal ordenó “a las autoridades nacionales suspender el trámite de extradición que se encuentra en curso”, lo que para muchos es ceder ante las presiones del exguerrillero.

De inmediato salieron diferentes figuras a pronunciarse al respecto, inconformes con la decisión. Muchos de esos casos no precisamente por que pidan la liberación de Santrich, sino porque la JEP no cuenta con la autoridad para hacer este tipo de órdenes.

De hecho, mientras el nuevo tribunal realizaba de manera sorpresiva el anuncio, en el Congreso de la República se discutía cómo sería el funcionamiento del mismo. Algunos sectores aseguran que con esta decisión se estaría extralimitando en sus funciones porque apenas se están definiendo en el legislativo.

Incluso los mismos congresistas que fueron ponentes del acto que creó esta jurisdición consideran que no debió proceder de esta forma. Uno de ellos es el representante Hernán Penagos, que aseguró que el órgano de justicia transicional debe determinar la fecha de los supuestos actos de narcotráfico de Santrich, más no está facultado para frenar su extradición.

“Mal hace la JEP al estar haciendo reglamentos incluyendo, por ejemplo, el fenómeno de la extradición, que deben ser tramitadas ante el Congreso. Si bien la JEP debe avanzar, eso no significa, ni le da competencias para sustituir las competencias que hoy le están dadas al Congreso. Es que el procedimiento no es otra cosa que un Código que debe expedir el Congreso y que ni siquiera el presidente de la República puede hacerlo mediante decreto”, manifestó Penagos.

Horacio Serpa, el otro ponente, mostró la misma postura: “Vemos una serie de normas que nos parece que son de procedimiento y la competencia es exclusivamente del Congreso”.

La controversia, que ya se cataloga como un choque de trenes, también involucra a otro actor, la Fiscalía, entidad que el pasado 9 de abril, hace ya 40 días, procedió a la captura de Santrich atendiendo la petición de Estados Unidos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió la intervención del procurador Carrillo de manera urgente para pedir la revocatoria de esta decisión, asegurando que la institucionalidad democrática se está viendo vulnerada, afectando deciciones y competencias del Congreso y la Justicia Ordinaria.

Martínez aseguró que “constituye un desafío al orden constitcional de la República que el propio juez pretenda gobernar el trámite de extradición y, mucho más, si lo que procura es avasallar las competencias de otras jurisdicciones”.

Por parte del Gobierno también hubo reacción. El ministro de Interior Guillermo Rivera aseguró mediante un comunicado que legalmente no hay forma de que la JEP suspenda una extradición:

En redes sociales los usuarios han puesto su ojo en lo sucedido. Algunos manifiestan que la medida era necesaria para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, dando prioridad a la reparación de las víctimas. Sin embargo, otros la han criticado abiertamente, asegurando que estamos ante una JEP “todopoderosa”:

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