Una fuerte explosión interrumpió la tranquilidad del municipio de Calamar, en el sur del país, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó a escasos metros del parque principal. El atentado, atribuido presuntamente a grupos armados ilegales, dejó varios soldados heridos y también alcanzó a civiles que se encontraban en la zona al momento de la explosión.
El hecho, que tuvo lugar frente a un establecimiento comercial, ha despertado la preocupación de las autoridades locales y regionales, quienes ya habían advertido sobre la presencia de disidencias de las FARC en esta zona del departamento del Guaviare.
¿Dónde ocurrió el atentado?
El ataque se produjo en pleno casco urbano de Calamar, muy cerca del parque principal, en una zona donde confluyen locales comerciales, instituciones públicas y viviendas. La motocicleta, al parecer abandonada de forma deliberada, contenía un artefacto explosivo improvisado que fue activado cuando varios soldados pasaban por el lugar, causando una explosión de gran magnitud.
Vecinos del sector reportaron escenas de pánico, vidrios rotos, puertas destruidas y personas heridas tendidas en el suelo tras el estallido. La rápida acción de los organismos de emergencia permitió evacuar a los heridos hacia el hospital local.
Balance preliminar de heridos
Aunque las autoridades aún no han entregado un reporte consolidado de víctimas, se confirmó que varios miembros del Ejército Nacional fueron alcanzados por la onda explosiva. Igualmente, algunos civiles que estaban cerca del lugar sufrieron lesiones, principalmente por esquirlas y golpes ocasionados por la onda expansiva.
Fuentes extraoficiales hablan de entre cuatro y seis personas heridas, aunque no todas habrían requerido traslado a centros asistenciales de mayor complejidad. La mayoría presenta heridas leves, pero los hechos continúan siendo materia de investigación.
¿Quiénes serían los responsables?
La principal hipótesis de las autoridades apunta a las disidencias del Frente Primero de las FARC, grupo armado que mantiene presencia activa en Guaviare y ha sido responsable de otros ataques recientes en la región. Este frente, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016, ha venido intensificando sus acciones armadas como forma de presión territorial y disputa por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal.
La metodología del ataque —uso de moto bomba en zona urbana— coincide con acciones similares realizadas en meses anteriores en San José del Guaviare y Miraflores, donde también se han registrado hostigamientos contra estaciones de Policía y tropas del Ejército.
Una región bajo constante amenaza
El departamento del Guaviare, y especialmente municipios como Calamar, se han convertido en escenarios críticos del conflicto armado en Colombia. A pesar de los esfuerzos institucionales por fortalecer la presencia estatal, los grupos ilegales continúan ejerciendo control social, económico y militar sobre varias zonas rurales.
En mayo pasado, autoridades incautaron 25 granadas y un mortero artesanal en inmediaciones de Calamar, presuntamente en poder de la misma estructura armada. Días después, un ataque con explosivos contra la estación de Policía obligó a decretar toque de queda y otras medidas restrictivas.
Estos hechos evidencian un patrón de violencia creciente que afecta tanto a la Fuerza Pública como a la población civil, especialmente en áreas donde las instituciones aún enfrentan dificultades para garantizar una presencia efectiva.
Respuesta institucional y medidas de seguridad
Tras el atentado, la Alcaldía de Calamar y la Gobernación del Guaviare convocaron un consejo de seguridad extraordinario. Entre las medidas inmediatas se contempla:
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Refuerzo del pie de fuerza militar y policial en el municipio.
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Restricción temporal del tránsito de motocicletas en zonas céntricas.
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Monitoreo satelital de movimientos sospechosos.
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Campañas de denuncia ciudadana protegida.
El Ejército Nacional, por su parte, anunció operaciones ofensivas en la zona rural para dar con el paradero de los responsables y evitar nuevos atentados. Además, técnicos antiexplosivos del grupo EXDE han sido desplegados para verificar que no existan más artefactos ocultos en el casco urbano.
Llamado a la comunidad y seguimiento del caso
La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, en especial el principio de distinción, que prohíbe atacar a la población civil y utilizar métodos de guerra indiscriminados.
Mientras tanto, la comunidad de Calamar exige mayores garantías de seguridad. Comerciantes, padres de familia y líderes sociales insisten en que el Estado debe ir más allá de la respuesta militar y fortalecer la inversión social, la educación y la presencia institucional permanente.
El atentado en Calamar es un nuevo recordatorio de que, aunque Colombia ha avanzado en la construcción de paz, hay territorios donde el conflicto armado sigue vivo. La utilización de explosivos en zonas pobladas no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que mina la confianza ciudadana y obstaculiza cualquier intento de desarrollo.
En una región tan estratégica como el Guaviare, donde convergen intereses ilegales, cultivos ilícitos y ausencia estatal histórica, la salida debe ser integral: con seguridad, pero también con justicia social, participación comunitaria y garantías reales para la vida.
