¿Se le cierran puertas a la minería en Antioquia?

8 de junio del 2017

La secretaria de Minas del departamento habló sobre la decisión de Támesis y Jericó de prohibir la actividad.

¿Se le cierran puertas a la minería en Antioquia?

Ejemplo de minería legal: San Ramón en Santa Rosa de Osos

Este 7 de junio, tras seis horas de debate, el Concejo de Jericó prohibió, por medio de un acuerdo municipal, la minería de metales en su territorio. Con esta decisión, esta localidad se une a Támesis, el otro municipio antioqueño que la vetó, con el argumento de defender sus vocaciones agrícolas y turísticas y proteger el medio ambiente, al considerar que los proyectos pueden comprometer sus patrimonios ecológicos y reservas de agua.

La decisión sorprende, porque Antioquia destina el 17% de su territorio a esta actividad económica, y porque en Jericó, precisamente, la minera surafricana AngloGold Ashanti tiene desde 2002 un contrato en la vereda Quebradona, que le permite hacer la exploración para la posterior explotación de cobre, cuando cuente con la licencia ambiental, que preveía conseguir en 2018.

Así las cosas, ¿se le están cerrando en Antioquia las puertas a la minería? Kienyke.com habló con la secretaria de Minas departamental, Liz Margaret Álvarez, autoridad regional en la materia, y la funcionaria explicó la posición de departamento frente a la decisión de estos dos municipios y sus alcances.

“Respetamos las decisiones locales”

De acuedo con la funcionaria, la primera reacción frente a las decisiones de Jericó y Támesis, “es de respeto a la descentralización y las vocaciones de los municipios”, aunque, reconoce, “ha habido desinformación sobre el tema”.

“Hemos trabajado en hacer claridad sobre los fallos de la Corte Constitucional, para que las autoridades locales, que siempre han tenido unas competencias relacionadas con las reglamentaciones del uso del suelo, las apliquen pero de manera juiciosa, con los estudios y documentos previos que se requieren y en el marco de las disposiciones legales, que para este caso son los planes de ordenamiento territorial y las leyes 388 de 1997 y 902 de 2004”, informó.

Como autoridad minera, aseguró Álvarez, “lo que hacemos es defender una actividad legítima, que constitucionalmente es protegida y se promueve legalmente. Pero en el imaginario del común existe la línea muy delgada entre lo que es la extracción ilícita de minerales y minería bien hecha”.

La secretaria informó que aunque en estas localidades del suroeste no es predominante la actividad, como lo es en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, Oriente y el Occidente, en Jericó hay seis títulos mineros y en Támesis 14. Allí, además, hay 29 más en solicitud.

También contó que el caso del título de Quebradona, la competencia es del Ministerio de Minas, porque es un proyecto de interés nacional.

Al respecto, el viceministro Carlos Cante, afirmó que los concejos municipales no tiene la facultad para prohibir la minería sin un proceso previo de concertación. “La facultad que tiene la Nación para el ordenamiento y el aprovechamiento de los recursos del subsuelo no ha sido delegada a estas corporaciones”, señaló Cante.

Mina San Ramón de Red Eagle Mining Corporation en Santa Rosa de Osos

Mina San Ramón de Red Eagle Mining Corporation en Santa Rosa de Osos

Las decisiones se debe tomar con base a estudios

Aunque respetan la decisión, Álvarez dijo que para tomarla “es necesario y obligatorio generar los estudios del impacto económico y social que se pueda generar con la prohibición de la minería”.

“Si se va a prohibir la actividad, que se hagan en el marco de las normas que regulan los planes de ordenamiento territorial, para que esas decisiones pasen los controles de legalidad, porque podrían no pasarlos y ser objetos de algunas responsabilidades por actos administrativos que no se expidieron debidamente”, manifestó.

“La política de la Gobernación es informar para que las autoridades locales tomen las decisiones de acuerdo a las características de sus municipios. Acompañaremos la decisión que sea, pero que las decisiones se tomen de manera informada”, Liz Margaret Álvarez. 

La funcionaria advirtió también que si bien en el Suroeste nunca ha habito vocación minera, sino agrícola y turística, “las cuencas hídricas están mucho más deterioradas que en otras subregiones, porque la caficultura lastimosamente también ha contribuido con ello”.

Y añadió: “Cuando se maneja un discurso ambientalista, debe ser coherente con todos los sectores económicos. El turismo también si no se hace de manera responsable y con las normas del ordenamiento jurídico puede afectar gravemente el medio ambiente”.

La secretaria recordó que en Antioquia “la actividad minera es absolutamente regulada y debe tener unos permisos ambientales que exigen pagos por compensación o en su defecto tasas retributivas”, y manifestó que”es la única actividad económica que exige tantos requerimientos para hacer una aprovechamiento de los recursos naturales”.

“Por eso es necesario informar a la gente sobre cómo afecta al medio ambiente, cómo se mitigan los impactos, la generación de empleo que implica esta actividad, porque mañana no queremos que ningún municipio se vaya a arrepentir. Pero respetamos las decisiones, las vocaciones que tienen y los acompañamos en la decisión”, Secretaria de Minas de Antioquia. 

Minería no es lo mismo a extracción ilícita de materiales

Antioquia es un territorio de vocación minera, por eso el 17% de su territorio se decica a esta actividad y en tres años le ha significado recursos que ascienden a los 270.000 millones de pesos por el concepto de regalías: “59.000 millones de pesos en 2015, 67.000 millones en 2016 y en 2017 serían 78.000 millones de pesos”.

“Este sector económico es protegido, es legítimo y promovido legalmente”, afirmó Álvarez.

Y hay otros dineros de regalías directas, que se convierten en fondos concursables, que se transfieren a los municipios para proyectos de mejoramiento de vías, construcción de viviendas, hospitales, etc.

“Si no se permite el desarrollo del sector minero de una forma responsable y bien hecho no podrán acceder a estos recursos”, manifestó la funcionaria.

Y aseguró que no se puede confundir la minería con la extracción ilícita de materiales, que es lo que comunmente se conoce como minería ilegal.

“Hay una decisión muy clara desde la Secretaría de Gobierno contra esta actividad y sabemos que hay mayor presencia de ella en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y en parte de Occidente, pero se hacen operativos permanentes con la fuerza pública para acabarla”, dijo Álvarez.

También, afirmó, “la Gobernación de Antioquia tiene una política de fiscalización minera fuerte porque le interesa limpiar el territorio”.

“230.000 hectáreas hoy, por medio de procesos de caducidad, se han liberado de minería con malas prácticas”, aseveró.

Una de las formas de golpear la extracción ilicita es la formalización. El departamento, dijo Álvarez, “adelanta 43 procesos de subcontratos de formalización y a la fecha 2.000 personas se han beneficiado con ellos”.

En lo que sí se sigue en deuda, concluyó la secretaria, “es el pasivo ambiental que ha dejado la actividad ilegal”. 

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