El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra Juan Manuel Corzo por el delito de tráfico de influencias. El proceso tiene que ver con una aparente presión indebida para que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (Corponor de Occidente) nombrara al director Luis Lizcano, un hombre que se ha sostenido en el cargo en los últimos tres periodos gracias al apoyo del senador.

La entidad es un fortín burocrático con un presupuesto de 16.000 millones de pesos. Es tal la influencia de Corzo allí, que su hermano, Luis Alejandro, trabaja en la entidad y es quien supervisa la contratación de la entidad. A esa Corporación la llaman ‘Corzolor’.

Juan Manuel Corzo es investigado por la ‘Feria de las Notarías’ y por presuntos vínculos con paramilitares.

Este no es el único problema de Corzo. Tiene encima su aparente beneficio personal en la la Notaría Segunda de Cúcuta, cuando en 2006 se le entregó este despacho a Samuel Darío Quintero Pineda, en la llamada ‘feria de las notarías’, promovida por el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega. En su dossier también tiene denuncias de jefes paramilitares como Jorge Iván Laverde, ‘El Iguano’, quien aseguró que Corzo mantuvo relaciones con el paramilitarismo de Norte de Santander. Por esa razón la Corte Suprema tiene abierto un expediente. El cuestionado Presidente del Senado es un ejemplo de que con los ‘micos’ que se colaron en la reforma de la justicia se pretendía exonerar a decenas de congresistas que tienen enredos con la justicia.