Escrito por Ariel Ávila
Ahora que buena parte de la sociedad colombiana habla de paz, y el entusiasmo es un sentimiento casi generalizado en todo el país, comienzan a parecer voces contra la negociación, y sobre todo indicios sobre la intención de diferentes agentes de oponerse a que avancen los diálogos. Son bastantes los análisis que hablan sobre los obstáculos a la negociación, pero este tipo de documentos generalmente hacen referencia a temas de voluntad de las partes, asuntos jurídicos, o en el mejor de los casos a la oposición que se ejercerá desde ciertos sectores sociales. Pero son pocos los que identifican estos enemigos y sobre todo, pocas las pistas que se dan sobre la forma como actuaran para oponerse a los diálogos.
Se pueden agrupar en tres estos enemigos de la paz. En primer lugar, se encuentran narcotraficantes y redes del narcotráfico que operan en el sur-occidente del país, Putumayo y sobre todo Caquetá. La preocupación de este sector narco es doble, ya que la salida de las FARC de esas zonas provocaría una verdadera guerra entre las estructuras armados de estos narcos, que lucharían por el control de las zonas de cultivos. Las FARC en el sur oriente del país funcionan como una “institución” que regula la transacción de la pasta base de coca y en general los territorios donde existen cultivos de uso ilícito, además controlan la violencia que genera este mercado ilegal. De tal forma que la salida de las FARC causaría una verdadera disputa por estos territorios.
Por otro lado, en la medida que las FARC operan en las zonas de cultivos de uso ilícito, y han logrado imponerse como reguladores este mercado en su primera fase, es decir cultivos y procesamiento de pasta base, una vez en la legalidad, este grupo guerrillero podría transformarse en un movimiento social y político que debido a la importancia en estas regiones podría ser un motor para la erradicación de los cultivos. Más allá de qué tan involucradas estén las FARC en el atentado al ex ministro Londoño, las pesquisas de la Fiscalía indicarían que también en este atentado participaron narcotraficantes del Valle del Cauca y los llanos orientales, el objetivo fue desestabilizar.
Algunas élites regionales siguen justificando su alianza con paramilitares.
Un segundo grupo de opositores podría ser identificado como algunas élites regionales y locales, y su oposición se fundamenta desde tres ángulos. Por un lado, una buena cantidad de estas élites, como en el Cesar, Urabá, Córdoba y en el Magdalena Medio, entre otras, han justificado su alianza con estructuras paramilitares por la supuesta persecución guerrillera. Un buen ejemplo de esto fue la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio o ACDEGAM, su presidente manifestó lo siguiente a la Comisión Interamericana de derechos humanos:
Aquí hace unos 20 años empezó a regir un movimiento que combatía ladrones y que predicaban la igualdad... que había que combatir a los ricos, que eran los explotadores... Vino la época tormentosa de los secuestros y las cuotas familiares, las vacunas ganaderas, los chantajes, la extorsión, boleteo. Esto aquí se tornó invivible... de esas personas que podían pagar secuestran a muchos y los sacan corriendo... entonces quedamos una gente que sin ser ricos teníamos una finca, con unos ganaditos y entonces esa carga que iba repartida entre los que se habían ido y los que fuimos quedando en turno, fue la carga para esta gente, comenzaron a secuestrar gente que no tenía cómo pagar los rescates... Fue entonces cuando la gente abandonó los campos y eso fue ahora hace cuatro años y medio (1981-1982), esa gente estuvo muriéndose de hambre... hasta que resolvieron venir a morirse a manos de un bandido que les pegara un tiro, que morirse de hambre con su familia... entonces la gente se unió y empezaron a entrar a las fincas más cercanas de acá del pueblo, por las que la guerrilla ya estaba secuestrando a menos de 45 minutos del pueblo y a 20 minutos de la Base Militar que se llama Calderón, ahí todos unidos, cierto, y llevaban pues naturalmente sus escopetas, listos para pelear con el que fuera, a esa gente le entró la rebeldía y un deseo de hacerse respetar. Entonces fueron entrando con el Ejército.
Esta alianza llevó a que algunos ganaderos y empresarios del campo fueran los beneficiados directos del despojo de más de 4 millones de hectáreas realizado por grupos paramilitares. Tal vez el reciente escándalo del Fondo Ganadero de Córdoba sea el mejor ejemplo. El actual presidente de FEDEGAN José Lafaurie previendo lo que se viene en materia de restitución ha publicado continuas columnas defendiendo el “sagrado derecho a la propiedad”.
En segundo lugar, se encuentran algunas élites políticas que se han aliado con grupos criminales para maximizar su potencial político. La Parapolítica es un buen ejemplo, o también el caso del asesinato de la familia Turbay Cote, donde quedó claro, e incluso las propias FARC aceptaron que fueron instigadas por sectores políticos del Caquetá para asesinar esta familia. Es decir una negociación le quitaría a estas élites la justificación política de su alianza con criminales.
Los masacre a la familia Turbay Cote ocurrió en diciembre de 2000 en Caquetá.
En tercer lugar, algunas élites del sur oriente del país se opondrán a una negociación con las FARC, debido a que muchos de los miembros de este grupo guerrillero una vez en la legalidad serán verdaderos líderes sociales en las zonas donde actuaban, nuevamente como hacia finales de los ochentas las élites tradicionales verán en estos líderes emergentes una amenaza a su poder político, y como hace 25 años acudirán a ejércitos privados para limitar esta nueva fuerza política. El Estado debe garantizar que no se repita lo que ya sucedió con la UP.
Un tercer grupo de opositores estará en algunos sectores de las Fuerzas Militares, sobre todo aquellos que han cometido delitos de guerra o de lesa humanidad, y también los que han estado aliados con sectores criminales. Por ejemplo estos sectores intenta a toda costa que se les apruebe el fuero militar, pues saben que una vez las guerrillas firmen la paz, el objetivo de la justicia recaerá sobre ellos.
La Fiscalía investiga más de 3 mil casos de falsos positivos, entre los que se cuentan los de Soacha.
Son muchos los sectores de las fuerzas militares que discuten e intentan aprobar el fuero militar y sus argumentos son trasparentes, pero en ellos existen agentes que han cometido delitos. Tal vez el mejor ejemplo sea los casos que investiga la fiscalía por falsos positivos, algo más de 3000 mil casos se están investigando, y fuentes de este organismo de justicia manifiestan que esté desastre puede ser más grande de lo que se piensa. Igualmente estas fuentes de la Fiscalía han manifestado que algunos coroneles ya en retiro son los más preocupados con estos casos de falsos positivos.
Algunos de estos sectores se hacen llamar uribistas y se les ha visto desfilando en diferentes eventos sociales. La gran preocupación en todo caso se refiere a la forma como actuaran, pues si lo hacen en paz y por vía democrática el debate será abierto, lo preocupante se refiere a que acudan a vías de hecho. La probabilidad a que acudan a esta segunda vía es alta, ya se sabe que en algunas zonas del país se han formado los denominados “ejércitos anti-restitución” denunciados por el propio presidente Santos. Igualmente se habla, en secreto, sobre la llegada de comandos de los Urabeños al centro del país, e incluso de acciones terroristas en algunas ciudades del país.
