El caso de Crisanto Gómez

Crisanto Gómez, el hombre que custodió durante varios meses -sin conocer la identidad del niño- al hijo de Clara Rojas, ha sido condenado en segunda instancia a treinta y tres años de cárcel. Quien no haya oído su versión y conozca el caso apenas por los titulares de prensa que ha inspirado, seguramente se inclinará a estar de acuerdo con la condena y con mayor razón en una sociedad tan castigada por el delito del secuestro como es la colombiana. La versión de lo ocurrido según el protagonista de esta historia abre, sin embargo, suficientes interrogantes como para pensar que podríamos encontrarnos ante otro de esos errores judiciales que en este país se cierran, al cabo de los años, con la colombianísima frase “qué pena con usted”. Resumiendo sumarísimamente las vicisitudes de este campesino, resulta que vivía en zona de guerrilla. Para las gentes que viven en la ciudad y nunca han ido por allí hay que aclarar que, aunque las autoridades digan lo contrario, en Colombia hay zonas en donde manda la guerrilla; eso lo sabemos quienes viven allí y quienes hemos viajado allí por razones profesionales en el ejercicio del periodismo. Crisanto asegura que un día apareció en su casa una pareja joven para que su suegro, el curandero de la región, atendiera a un niño en lamentable estado de salud, con un brazo partido, malaria, desnutrición y leishmaniasis. Como su suegro no estaba, la pareja dejó al niño con la promesa de volver al día siguiente y nunca más apareció. El hombre huyó de la región con sus siete hijos y el niño abandonado en su casa. En vista del lamentable estado del pequeño lo entregó a Bienestar Familiar y el resto de la historia es bien conocido. Por este asunto, en el que hay muchas lagunas, este hombre ya purgó cuatro años de cárcel, perdió a su mujer que lo abandonó mientras estuvo en la cárcel, y vive hoy, con su suegro el curandero y con sus siete hijos, en la indigencia, en el frío altiplano cundiboyacense tan extraño para ellos y tan hostil por la diferencia de clima con el que estuvieron acostumbrados toda la vida pero, paradójicamente, protegido en su integridad física por el mismo Estado que ahora lo condena porque está amenazado por los guerrilleros de las Farc. En los países en donde se tiene respeto por los dos valores fundamentales del ser humano que son la libertad y la vida –no es el caso de Colombia precisamente- jueces y abogados tienen una frase que es todo una declaración de principios: “Más vale un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel”. Y esto por la sencilla razón de que el delincuente reincidirá, volverá a las andadas y acabará un día siendo condenado por las dos fechorías. Pero nadie puede resarcir por los años perdidos de libertad. No hay indemnización en el mundo suficiente para compensar la injusticia de haber purgado cárcel siendo inocente. El día que la sociedad comprenda esto será más justa, pero ¡cuánto camino le queda a Colombia por recorrer para que la gente pueda decir que aquí se imparte justicia! Una de las mayores infamias que uno pueda recordar en este país es el caso de Alberto Jubiz Hazbum, el hombre que murió de un infarto al poco de salir de un cárcel en donde estuvo cuatro años acusado injustamente de la muerte Luis Carlos Galán. Ese caso y los de tanta gente que pasa años en espera de ser juzgados, claman día a día por una reforma de la justicia que ya hemos visto en manos de quién está. En manos del Congreso, una de las más desprestigiadas instituciones colombianas. Como diría don Quijote, “cuán largo me lo fiáis amigo Sancho”. En la página 69 de “El hombre detrás de la revista Semana”, uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos meses en Colombia, Felipe López, el editor y periodista más influyente de este país y sin lugar a dudas uno de los mejor informados, que tiene por qué saber lo que dice, afirma textualmente refiriéndose a la justicia en Colombia: “Es muy fácil enredar cualquier proceso por años, y también es muy fácil sobornar a un juez”. El subrayado es mío. La cosa debería llamarnos a reflexión. No quiero imaginarme el escándalo que sería en Francia, España o Estados Unidos tal afirmación en boca del editor de “Le Monde”, “El País” o el “The New York Times”. A Crisanto Gómez le queda el recurso de casación que, como todo mundo sabe, es un procedimiento expedito y barato en Colombia.