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El voto en blanco sí importa

Mié, 17/04/2013 - 07:25
Hace algunos días, una noticia sobre un proceso electoral en un departamento del sur de Colombia pasó desapercibida y quisiera detenerme en ella pues considero lo sucedido de máxima gravedad. Segú
Hace algunos días, una noticia sobre un proceso electoral en un departamento del sur de Colombia pasó desapercibida y quisiera detenerme en ella pues considero lo sucedido de máxima gravedad. Según publicó la Prensa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prohibió hacer propaganda al voto en blanco durante los comicios que se celebraron en el departamento de Huila para elegir gobernador. Resulta que desde la campaña del candidato único, Carlos Mauricio Iriarte, se presentó una queja ante el CNE porque había gente promoviendo el voto en blanco. Según los asesores del candidato Iriarte, los promotores del voto en blanco no estaban inscritos ante al Registraduría Nacional y por tanto no tenían derecho a hacer esa clase de proselitismo durante la campaña para elegir gobernador el pasado 14 de abril. Este es el modelo del tarjetón con que se eligió al nuevo gobernador del Huila. Iriarte ganó con un poco más de 118 mil votos.  Tras la queja, la autoridad electoral procedió a emitir una resolución mediante la cual la Policía debía proceder a retirar todo tipo de material propagandístico relacionado con el sufragio en blanco. No hace falta ser un constitucionalista para deducir que la resolución del CNE es una cacicada impresentable propia de un país leguleyo como Colombia y que se trata de una decisión sencillamente inconstitucional. No sé quién es el señor Iriarte ni para lo que aquí se trata importa demasiado. Lo que sí importa es que tres partidos de la Unidad Nacional, nacional como el Liberal, el Conservador y Cambio Radical, más un movimiento llamado Unidad Regional, apoyaron la cacicada en cuestión. ¿Desconocen los dirigentes de esos partidos que la Constitución consagra el voto en blanco como una opción perfectamente válida a la hora de ejercer el derecho electoral? Antes de seguir adelante quiero recordar lo que dice la Carta Magna en su artículo 258 en donde se habla del Sufragio y de las Elecciones. “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos…” El subrayado es mío. Es más, la Reforma Política aprobada en junio de 2009 amplió los límites del voto en blanco. La mayoría exigida para hacer efectivos esos votos ya no es “absoluta”, como decía la Constitución hasta ese momento, sino que es simplemente la mayoría “del total de los votos”. Eso quiere decir que las votaciones en las que los votos en blanco “salgan ganadores”, se deberán repetir. En ninguna parte de la Constitución dice que los votantes deberán pasarse antes por la Registraduría Nacional a decir que el o los candidatos que se presentan a una elección no le gustan y que, además, quiere impedir que se vuelvan a presentar, que es lo que en el fondo consagra este desconocido y útil artículo de la Carta Magna colombiana. Se hace necesario desmontar las leyendas que hay sobre esta opción electoral. A la gente se le ha hecho creer que “los votos en blanco se suman a los del candidato más votado”, o que el voto en blanco es lo mismo que el voto nulo. Puede que este voto parezca de una limitada efectividad práctica, pero si fuera más conocida su función el electorado podría encausar el descontento y hastío con la política de toda la vida en este país y abrir la puerta a nuevas opciones. Lo que ocurrió en Huila no debe repetirse. Hay que exigir el respeto de los partidos al voto en blanco, divulgar que no es cierto, como mucha gente cree, que esa opción electoral favorece al candidato más votado en unas elecciones y que mientras el voto nulo o la abstención no tienen ningún efecto político, el voto en blanco es hoy en día la más útil herramienta de protesta que proporciona la Constitución contra la clase política tradicional colombiana.
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