El mundo político fue sacudido por la sorpresiva decisión del gobierno de retirar, del proyecto de reforma a la justicia, el artículo relacionado con el fuero militar. Las últimas semanas de la sesión legislativa de diciembre vieron al Ministro de Defensa, en compañía de los altos mandos, pendientes de la aprobación del mencionado artículo. El respaldo legislativo al artículo fue aplastante. En el país hay una amplia conciencia de la injusta posición legal en la que se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas acosados por las ONG especializadas en acusarlos por violaciones a los derechos humanos. Por ello la decisión de dar marcha atrás ha generado malestar tanto en el Congreso como en el estamento militar.
El sistema judicial ignora las realidades de la guerra. La naturaleza irregular del conflicto agrava las zonas grises en las cuales se infiltran los enemigos de las Fuerzas Armadas para acosarlos jurídicamente. Los militares, sin respaldo de buenos abogados y abandonados a su suerte por el Estado que defienden, son condenados uno tras otro. Este capítulo triste de la guerra, he generado más bajas morales en las fuerzas militares y la Policía, que cualquier derrota militar.
El fuero no es un capricho de los militares colombianos. El fuero existe en todos los países. Basta mirar el celo con que los Estados Unidos o en Europa protegen la seguridad jurídica de sus soldados. El fuero existe porque las acciones de guerra son especiales y los miembros de la fuerza pública no son funcionarios como los demás. Portar las armas de la República y estar dispuestos a entregar su vida por las instituciones, es lo que explica el carácter especial de su función. Hasta el momento muchos de los militares han estado acusados por violaciones a los Derechos Humanos cuando deberían haberlo sido bajo el Derecho Internacional Humanitario. Los hechos que se producen en una operación militar son complejos y sometidos a interpretaciones que en múltiples ocasiones no tienen en cuenta las realidades del terreno. Defender las instituciones no es sencillo, sobre todo cuando el enemigo no respeta las leyes de la guerra.
El fuero militar exige que los militares puedan evaluar las acciones litigiosas pues son ellos que conocen los temas especializados. Ante esta solicitud, que es apenas obvia, surgen quienes consideran que los militares nunca juzgarán a un compañero de armas, así su acción haya sido irregular. Es desconocer la importancia que tiene para los militares el honor y la rectitud. Claro que hay militares y policías que transgreden las normas. No se desconoce que ha habido abusos imperdonables e injustificables. Esos casos han sido abordados por la justicia ordinaria cuando no se trata de acciones del servicio. Concluir que, si existiese un fuero integral, la justicia penal los habría absuelto es injusto con el estamento militar.
El gobierno ha implementado una comisión para presentar un nuevo proyecto de reforma constitucional. Solo dos de sus miembros pertenecen a las fuerzas armadas y por lo tanto la mayoría son civiles que tienen frente al tema una visión parcial de la realidad que traducen en textos que dejan a los militares sin protección. No se trata fomentar la impunidad ni de darle patente de corso a los militares. Se trata de tener en cuenta la especificidad de su función y garantizar su derecho a la justicia.
