¿Paramilitares o bandas criminales?

Una pregunta obligada ronda el debate sobre el conflicto y la paz. Si el paramilitarismo sobrevivió al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- adelantado en la era Uribe. Si mantuvo su arraigo territorial, sus redes económicas y políticas, su vocación contrainsurgente y su actuación criminal. O si más bien estamos en presencia de típicas bandas criminales que operan como agentes de una versión criolla de mercados criminales estructurados alrededor de la producción, comercialización y consumo de mercancías ilegales como la extorsión, el sicariato, la minería o el narcotráfico. La izquierda representada en el Polo Democrático no ha dudado en elegir la primera interpretación. La Unión Patriotica ha recordado el holocausto del que fue víctima en manos del paramilitarismo en las últimas décadas. Le han pedido al Gobierno Santos que reconozca esta amenaza para el ejercicio de su acción política. Y hasta las FARC han esgrimido la amenaza paraca como argumento en la discusión de las garantías del cese al fuego bilateral y definitivo y su posterior reinserción a la vida política. Se conoció incluso una carta que el propio Timochenko le envió al papa Francisco solicitándole su intervención ante el Estado Colombiano a fin de que este elimine este peligro para el postconflicto. Me temo que esta interpretación es bastante ingenua y equivocada. E inútil para enfrentar el desafío de estas estructuras criminales. Ingenua porque al concederles una naturaleza política que no tienen le abren la puerta a una eventual solución política a un fenómeno típicamente criminal. Podrían ser incluidos como sujetos de la Justicia Transicional y de las favorabilidades políticas que hoy se negocian en La Habana y próximamente en Quito. Sobre todo por los antecedentes de tratamiento negociado que en el pasado tuvo el paramilitarismo. Equivocada e inútil porque el Clan Usuga, las Autodefensas Gaitanistas o Los Rastrojos no son la mano negra de los sectores de extrema derecha del Ejercito ocupado de perseguir y matar militantes de izquierda en los setenta y ochenta. Ni aquella alianza entre narcos, políticos locales y bandas armadas que le disputó al Estado en los noventas el monopolio de la lucha contrainsurgente y que produjo el macabro invento de la parapolítica. No es un fenómeno que se acaba con solo oprimir un botón desde el Palacio Presidencial o desde el Ministerio de Defensa. Este fenómeno es otra cosa. Estas organizaciones no tienen ninguna motivación política. Se dedican a la captura de rentas en mercados ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico. Su conexión con la política consiste en asediar la contratación local y regional para adelantar operaciones de lavados de activos o para capturar estas rentas legales. Y pueden contar con la complicidad de agentes estatales o establecer acuerdos puntuales con las guerrillas. Y como lo han hecho recientemente se enfrentan a la insurgencia guerrillera o decretan un “plan pistola” contra miembros de la Policía, si los consideran una amenaza a su propósitos económicos ilegales. No hay que graduar de actores políticos a estas organizaciones criminales. La territorialidad que el Estado Colombiano debe garantizar para un postconflicto sostenible implica erradicar las economías ilegales de las que se nutren. Asfixiar estas estructuras delincuenciales, desactivarlas militarmente y/o someterlas a la justicia es el camino.