Germán David Lamilla Santos, de quien he tratado de hacer una radiografía de su vida, con sus episodios heroicos y dueño de una historia llena de azares naturales e inhumanos, es hoy un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana que sobrevuela y aterriza las selvas más espesas y agrestes por su flora y fauna, pero sobre todo por los narcoterroristas que han tomado posesión ilegal de las mismas. En esas zonas de candela pura el mayor Lamilla pasa gran parte de sus días, con la pasión y entrega de un hombre honesto que busca la defensa nacional.
Esto como referencia personal: hace pocos días desde San Vicente del Caguán -municipio ubicado en la geografía colombiana 151 kilómetros al nororiente de Florencia en el departamento del Caquetá-, en donde alias “Tiro Fijo”, dejara plantado al expresidente Andrés Pastrana Arango, recibí una llamada de Germán David, en desarrollo de nuestro trabajo conjunto de divulgación y para contarme con su característica sencillez y gratitud que doña Teresa Santos Torres, su madre, estaba muy agradecida por la visibilización de la historia de su hijo. Soy un convencido de que la amnesia selectiva es el la peor patología de la memoria histórica y este caso, como tantos que hoy están en el ostracismo político y confinados al destierro político para tapar actos dolosos de las alianzas mafiosas con las instituciones del Estado, deben ser ventiladas con poderosas turbinas y reveladas al costo que sea.
Hoy por hoy este hombre de 37 años enfrenta otra guerra, pero ya no por la preservación del orden público y el amparo y las garantías de la población civil, sino una guerra con argumentos legítimos de una parte –los de la defensa de Lamilla y sus compañeros- contra las argucias antijurídicas de un enemigo poderoso y subrepticio, que dispara ráfagas de ilegítimos e injustos cargos en su contra. Para esta batalla el piloto no fue entrenado; para la de Armero tampoco, pero esto no obsta para que una vez más resplandezcan sus grandes capacidades y su corazón de acero toledano se imponga.
Para ambientar y contextualizar esta nueva etapa de su vida, debo recordar que hacia finales de la década de los noventa, Colombia se encontraba sitiada por las guerrillas narcoterroristas que infundían zozobra y aterrorizaban ciudades capitales, cabeceras municipales y tenían fuerte presencia en las zonas rurales. Las retenciones ilegales mal llamadas “pescas milagrosas”, las tomas terroristas a los pueblos y los ataques sangrientos a las unidades militares sucedían a diario. En la mente de los colombianos aún se encuentran las imágenes de la toma a Las Delicias, Patascoy, El Billar, Mitú, y de incontables poblaciones indefensas ante la arremetida terrorista de los narcocomunistas de las Farc y el ELN. Aunque esa memoria se ha ido perdiendo sistemáticamente con la inefable, pero indefectible consecuencia, de que una nación que olvida su historia, está condenada a su repetición. Por eso es sano para la democracia recordar y en esta crónica revelaré la verdadera historia del tristemente célebre caso Santo Domingo.
El 12 de diciembre de 1998, la fuerza pública realizó una operación militar contra el Frente 10 de las Farc, cerca al caserío de Santo Domingo (Arauca), para capturar a los terroristas que protegían un cargamento de cocaína y armas que les había llegado en un avión ilegal que aterrizó en un carretera cerca al mencionado lugar. Fue una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional. La misión era clara: incautar los narcóticos, las armas y aprehender a los bandidos involucrados en esta acción.
Una vez que las tropas pisaron territorio enemigo fueron atacadas por un gran número de terroristas de las Farc, como resultado de este ataque varios soldados murieron y otros resultaron heridos. El helicóptero de Lamilla recibió varios impactos de bala, por lo cual se hizo imposible llevar refuerzos a las escasas tropas que combatían a un enemigo muy superior en número de hombres.
El comandante de la operación temía un revés militar como los ocurridos en el Cerro Patascoy, Las Delicias o El Billar y para evitar que tan lamentables hechos se repitieran y decenas de soldados fueran asesinados o secuestrados, al día siguiente se planeó realizar un desembarco aéreo, precedido por un ataque también aéreo. Fue así como en medio de la espesa jungla, donde se estaban los guerrilleros atacando cruelmente a los soldados que resistían, se lanzó una bomba ligera denominada AN-M1A2, la cual consta de 6 granadas de 20 libras cada una -cada granada contiene 2,7 libras de TNT- y su radio de acción no supera los 27 metros.
El mayor Germán Lamilla, 37 años, enfrenta ahora otra batalla, la jurídica.
La operación se cumplió de acuerdo a lo planeado y ordenado por el alto mando, respetando los principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) o también llamado el Derecho de la Guerra y las tropas aerotransportadas lograron llegar a tierra en forma segura y reforzaron a las tropas diezmadas.
Pocos días después la justicia colombiana inició investigación contra los miembros de la Fuerza Aérea por el supuesto bombardeo de la población civil y la muerte de 17 personas.
Las diligencias e inspecciones judiciales dieron inicio el 17 de diciembre de 1998, siguieron otras los días 18, 24 y 28 de diciembre de mismo año. Posteriormente otra inspección fue realizada el 18 de junio de 1999. De cada diligencia el CTI, el DAS y Medicina Legal emitieron dictámenes técnicos científicos que revelaré a continuación.
Antes de comenzar debo aclarar que hoy gran parte de la controvertida actuación de la justicia, radica en que le adjudicaron a la operación militar y a sus oficiales, la muerte de un gran número de civiles, entre ellos 6 inocentes niños, por causa del grupo guerrillero, que sin ninguna consideración ni respeto por la población civil, había instalado una bomba artesanal dentro de un vehículo abandonado que se encontraba en la única vía del caserío, a la espera de que las tropas del Ejército entraran al poblado para hacerlo explotar y asesinar a los efectivos de las FF. MM. Por algún motivo el artefacto explotó antes de tiempo dejando este fatal resultado. Adicionalmente, mediante la cobarde intimidación los terroristas obligaron a los pobladores a denunciar que la Fuerza Aérea había bombardeado a la población civil. Simultáneamente realizaron un montaje del camión explotado dentro del caserío, para confundir a los organismos de investigación del Estado e incriminar a los miembros de la Fuerza Aérea.
El 28 de diciembre de 1998 el CTI, envió a la Fiscalía General de la Nación, un dictamen sobre la diligencia del 18 de diciembre, con el siguiente parte:
…. se conceptúa que en este vehículo fue colocado un artefacto explosivo de fabricación casera, cargado con metralla (fragmentos metálicos de distintos tamaños y formas) posiblemente ubicado en la parte delantera derecha del vehículo o en el interior del motor...”
“…Es importante acotar que en el análisis químico de las muestras recogidas dan la Evidencia No 1, se encontraron trazas de Amoniaco y residuos de Nitritos y Nitratos, sustancias que conforman químicamente el Nitrato de Amonio, el cual es la materia que comúnmente se utiliza y se ha encontrado en bombas o artefactos explosivos de fabricación casera. Los artefactos o armas explosivas militares no contienen este tipo de sustancias…”
Posteriormente, el 12 de enero de 1999 el Instituto de Medicina Legal mediante dictamen No 045-99 LB.RB [1] concluye:
Los destrozos que presenta el vehículo automotor rojo tipo camioneta de estacas, fueron producidos por un artefacto explosivo, compatible de haber sido activado en la parte interior del mismo…..”
“LAS OQUEDADES QUE SE OBSERVAN EN EL PAVIMENTO NO SON COMPATIBLES DE HABER SIDO ORIGINADAS POR BOMBAS O ARTEFACTOS AIRE-TIERRA. Presentan características compatibles con las que dejan artefactos explosivos de menor poder como las granadas (de mano o impulsadas por fusil)”
El 04 de febrero de 1999 el CTI le responde a la Fiscalía, una solicitud de ampliación del dictamen emitido el 28 de diciembre de 1998, en el cual manifiesta:
“En atención a su solicitud de 31 de diciembre de 1998, respecto a la explosión de artefactos explosivos militares aéreos o disparos efectuados por arma de fuego desde el aire hacia la mencionada vereda y del cráter respecto del cual se indica en el mismo que lo produjo un artefacto explosivo… le doy respuesta a este interrogante…
…..No fueron producidos por artefactos explosivos militares aéreos, ya que no se encontraron evidencias de ese tipo.
En cuanto al cráter y demás efectos hallados en la evidencia No 1 (camión) se conceptúa que este presenta características compatibles con la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera con emisión de fragmentos metálicos de distintas formas y tamaños….”
Los seis fragmentos recuperados en la necropsias de las víctimas fueron enviados al Instituto de Medicina Legal y al laboratorio de Microscopia Electrónica del DAS para su análisis. El 20 de enero de 1999 el DAS emitió un concepto en el cual manifestó que los fragmentos analizados no contienen rastros de TNT, es decir que no son producto de la explosión del dispositivo AN-M1A2 usado por la Fuerza Aérea en los combates cercanos al caserío de Santo Domingo, como ya lo mencioné con antelación. La conclusión del peritazgo fue la siguiente: “Dados los análisis físicos, químicos, cromatográficos e instrumentales de las muestras, 108-05 A, 109-05 A, 110-05 A, 111-05 A, 112-05 A, 113-05 A. Se conceptúa que estas muestras no contienen las sustancias explosivas investigadas”
Hasta aquí con el material probatorio valorado, el muestreo analizado y los dictámenes en firme, en estricto derecho el resultado debería ser que aquella bomba instalada en el camión, efectivamente fue fabricada y detonada por los terroristas. Así pues, aquel concluyente dictamen sería suficiente, para exonerar de responsabilidad a la Fuerza Aérea y dirigir la investigación hacia los verdaderos culpables de las muertes de las víctimas de Santo Domingo: las Farc.
Pero era de esperarse, que el dinero que proviene del narcotráfico y que nutre las bolsas de los guerrilleros, todo lo puede. Puede pagar y comprar funcionarios, testigos, y hasta las conciencias de investigadores y jueces del más alto nivel.
En la diligencia realizada el 28 de diciembre, los pobladores aportaron unos elementos que fueron registrados en acta de la diligencia. Recordemos que los raizales, amilanados por las recurrentes amenazas del grupo subversivo, declaraban en contra de las fuerzas legítimas. Pero esto no es lo más grave. Lo verdaderamente inconcebible es que los entes del Estado hayan dado –como por arte de magia- más valor a estos testimonios que a las pruebas técnicas del cúmulo procesal.
Y así fue. El ente investigador de la nada empezó a desviar el rumbo de la investigación y el giro inexplicablemente macabro en contra de los oficiales, hoy los tiene al borde de pasar el resto de sus días en una prisión viendo pasar su vida encerrados injustamente, mientras en nuestras selvas y veredas los facinerosos, siguen desangrando a la población civil a bala, con “vacunas”, extorsiones, secuestros y homicidio con fines terroristas, configurando todo tipo de crímenes de lesa humanidad, a la vez que se abarrotan los bolsillos de esta narcoviolencia los aliados mafiosos del Estado.
Continuemos. Ante la frustración de la Fiscalía para obtener evidencia científica que se prestara para cumplir con los fines del montaje de las Farc y con este único propósito, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, realizó una nueva inspección el 11 de febrero de 2000 en el caserío de Santo Domingo. En esta diligencia de manera sorprendente y que contraría toda la evidencia probatoria anterior, los funcionarios de la FGN, realizaron un croquis donde ubicaron con la complicidad de falsos testigos 6 puntos imaginarios de impacto del dispositivo AN-M1A2 y el lugar donde cayeron las 17 víctimas fatales y los heridos.
Lo fantástico además de la forma ilegal con la que se realizó esta diligencia, es que en los videos y fotografías tomados minutos y días después del 13 de diciembre de 1998, no aparecen los fantasmales 6 puntos de impacto del dispositivo AN-M1A2.
En la imagen de abajo, capturada 6 minutos después del lanzamiento del dispositivo aéreo, los círculos rojos identifican los supuestos puntos de impacto del dispositivo AN-M1A2 y se aprecia claramente que allí no hay huellas ni de la explosión ni de las víctimas.
Esto lo dice todo. Nuestro superhéroe Lamilla y sus denodados compañeros, los comandantes de UH 1H, quienes entregaron el armamento, es decir, lanzaron el dispositivo AN-M1A2, César Romero Pradilla de 39 años, Johan Jiménez Valencia de 38 y el piloto del Arpía (Black- Hawk artillado), coronel Sergio Garzón Vélez de 47 años, jamás incurrieron en los delitos del ataque que infamemente los delincuentes y malandros de las Farc, apalancados en declaraciones mentirosas y pronunciamientos amañados de la Fiscalía, le propinaron a la población civil de Santo Domingo y que lo quería hacer ver como ejecutado por la FAC.
Luego de haber estudiado este caso de manera objetiva, debo concluir esta historia con lo siguiente. En un aberrante fraude procesal, suplantando evidencias y apelando a la falsedad ideológica, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, había construido criminalmente una prueba que le permitiría acusar a la Fuerza Aérea Colombiana del homicidio de 17 personas el 13 de diciembre de 1998; una prueba que le permitiría acusar a los oficiales de efectuar un bombardeo indiscriminado contra la población civil. Esto además le daría a las Farc su más contundente victoria política. Además esta acción criminal de la FNG, le permitiría a los colectivos de abogados de las supuestas víctimas reclamar al Estado 5.700 millones de pesos en indemnizaciones y la posibilidad de demandar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 8 millones de dólares.
No contentos con lo anterior, un Honorable Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, completó el ataque contra los miembros de la Fuerza Aérea considerando que el lanzamiento del armamento aéreo llevaba un ánimo de venganza contra la organización terrorista, sobre lo cual edifica el concepto de dolo para condenar a la inocente tripulación, desconociendo que en el desarrollo de un conflicto armado el DIH establece que los ataques ofensivos y defensivos son acciones totalmente legítimas, con base en lo dispuesto en el artículo 49 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, y que de ninguna manera constituyen ni venganza ni dolo.
Como consecuencia de lo narrado y debido a este montaje criminal, maquinado por miembros de la Fiscalía General de la Nación y con el concurso de un Honorable Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el Estado ha pagado miles de millones en indemnizaciones que han quedado en los bolsillos de los abogados de la parte civil de caso; dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes colombianos. Dos Oficiales de la Fuerza Aérea han sido condenados injustamente a 30 años de prisión y la moral combativa de los militares y policías de Colombia ha sido golpeada gravemente. El cargo contra los oficiales César Romero y Johan Jiménez es homicidio homogéneo de 17 personas. En contra del coronel Sergio Garzón y del mayor Lamilla el cargo es coautoría impropia en dicho homicidio en condición de dolo eventual.
En buena medida los resultados de esos golpes a la moral del aparato público legítimo, están reflejados en la actual situación de inseguridad que vive el país y que están a la vista de todos los colombianos de bien, que creemos en la soberanía y la legalidad de una fuerza que cada vez se ve más debilitada por la narcocorrupción y sus hierbas derivadas.
En esta nueva batalla el mayor Germán David Lamilla Santos –de los Santos que ponen el pecho con firmeza por su patria y que no tienen nada que ver con política- no lucha contra la descomunal fuerza de la madre naturaleza contra las que tuvo que luchar, tampoco contra los ataques indiscriminados de los terroristas que tenía que neutralizar. Este nuevo enfrentamiento es contra la violación de los DDHH, del debido proceso; contra los caudales de dinero de algunas organizaciones al servicio de los grupos ilegales, contra la ambición de funcionarios corruptos y contra el ansia de irracionales y desnaturalizadas posturas de la subversión que han secuestrado la justicia y la democracia y alienado sistemáticamente la memoria histórica de este país.
Esta es la tercera parte y el desenlace de una historia llena de valor, amor y fe en la causa y que al cierre de estas letras, me hace derramar unas cuantas lágrimas más.
Qué vivan los superhéroes colombianos como el mayor Lamilla: ¡qué vivan siempre!
Abrazo cálido. Seguimos trabajando.#nomasmentiras
