En medio del debate público generado por la reciente confesión del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre su lucha con una adicción, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde abordó el fenómeno de la drogadicción desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, a raíz de esta importante declaración del exsenador.
Benedetti, quien ha estado en el centro de distintas controversias políticas en los últimos meses, reveló públicamente que ha enfrentado una adicción, y se refirió a las dificultades personales y emocionales que ha atravesado. Su declaración fue recibida con diversas reacciones en el ámbito político y mediático.
A raíz de esa confesión, el presidente Petro emitió un extenso mensaje en el que distinguió entre consumo de sustancias y adicción, aclarando que esta última debe ser comprendida como una enfermedad psicológica. “El adicto se trata y el Estado debe ofrecer esos servicios de salud a la población”, afirmó el mandatario, agregando que encarcelar a una persona con adicción constituye una violación de derechos humanos.
Petro también se refirió al entorno social como un factor que puede incidir en el desarrollo de adicciones, señalando que la falta de afecto en los núcleos familiares y la desintegración de los lazos comunitarios pueden contribuir a esta problemática. En su reflexión, cuestionó el modelo económico actual y su impacto en las relaciones humanas: “El desarrollo de adicciones sobre todo en las sociedades más ricas del planeta tiene que ver con la destrucción de los lazos comunitarios y familiares que provoca el capitalismo”.
El presidente concluyó su mensaje refiriéndose a señalamientos personales sobre un presunto pasado con adicciones, los cuales desmintió, afirmando que su “espíritu revolucionario” es contrario a cualquier forma de esclavitud, incluidas las que generan las adicciones.
El pronunciamiento de Petro ha sido interpretado por algunos sectores como una defensa indirecta hacia Benedetti, mientras que otros lo han leído como parte de su discurso habitual sobre el enfoque social de los problemas estructurales del país. En cualquier caso, la discusión ha reabierto el debate sobre cómo debe abordarse la drogadicción en Colombia: desde la represión penal o como un asunto de salud mental y política pública.
