Recientemente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la alcaldesa Claudia López por el hacinamiento carcelario que presenta Bogotá. Ante esto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, le dio una dura respuesta a la entidad y defendió a la mandataria.
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Según la Procuraduría, la mandataria sería encontrada culpable por no crear, dirigir, organizar, administrar y vigilar los centros carcelarios y de prisión preventivos en Bogotá, lo que correspondería a un incumplimiento en sus funciones.
En esta investigación también estaría implicado el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez. Según los reportes de Sala Disciplinaria de Instrucción, los funcionarios no le estarían brindando las garantías necesarias a las personas privadas de la libertad.
“La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, señaló el Ministerio Publico.
Cabe recordar que desde enero del presente año la Procuraduría le ha llamado la atención a la alcaldesa y le ha pedido tomar medidas frente a esta problemática.
¿Cuál fue el llamado de atención de la Procuraduría?
Según reveló un informe de la Subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, la capital tiene un hacinamiento de 254% en estos centros de reclusión transitoria, como lo son estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). Además, se demostró que hay 409 Policías dedicados exclusivamente a la detención y custodia de personas en la ciudad.
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Así las cosas, la Procuraduría le pidió públicamente a la alcaldesa tomar medidas para " asumir directamente, como lo determina la ley, la administración y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente", recordando que el Gobierno Distrital no ha cumplido con las condiciones pactadas con la Delegada para los Derechos Humanos que pondrían alto a la crisis carcelaria.
“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, se lee en el comunicado.
¿Qué debe hacer la alcaldesa ahora?
De esta manera, la entidad le pidió a la mandataria y al secretario reunir las pruebas pertinentes para demostrar que sí se cumplieron con las labores de sus cargos y que se han estado tomando medidas para ello.
La respuesta de Asocapitales
Este viernes 28 de abril, Asocapitales emitió un comunicado pronunciándose con respecto a esta problemática y asegurando que el Gobierno Distrital no sería el único que tendría la responsabilidad de contribuir para mejorar la situación.
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Mediante el documento, la entidad expresa que López y los demás alcaldes que están siendo investigados por lo mismo radicaron el Proyecto de Ley 254/22, en equipo con la Defensoría del Pueblo, para crear medidas que ayuden a disminuir el hacinamiento carcelario.
Este documento, presentado al Congreso de la República, "aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población carcelaria sindicada y también busca fuentes de financiación para conseguir este objetivo".
Así mismo, Asocapitales le pidió a la Procuraduría que tuviera en cuenta la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional, los municipios y los departamentos en mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, de construir nuevos centros carcelarios y de crear políticas jurídicas para disminuir la cantidad de recluidos en URIS y otros centros.
Por otra parte, la organización explicó que aunque muchas ciudades cuentan con los recursos para construir nuevas cárceles, no tienen el aval de la Nación para llevar los proyectos a cabo.
Además, manifestaron que en el Congreso también existen propuestas para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, pero que aún siguen en discusión.
"Invitamos, una vez más, al Gobierno Nacional, al INPEC y a todas las entidades territoriales a que respondan también en este proceso, teniendo en cuenta el constante esfuerzo adelantado por los mandatarios de las ciudades capitales. La sociedad y la Corte Constitucional esperan medidas a corto plazo para superar esta situación. Reiteramos: sin el aporte de todas las partes involucradas, no será posible hace hacerlo", concluyó el comunicado.
