La Fiscalía imputó cargos a dos integrantes del grupo criminal delincuencial 'La Cordillera' por presuntamente haber sido los responsables últimos del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa durante las protestas de mayo de 2021.
Los hermanos Jonatan Stiven y John Alexander Mejía Hurtado fueron acusados de los delitos de homicidio de agravado; tentativa de homicidio agravado; concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, informó la Fiscalía este miércoles en un comunicado.
Villa, de 37 años, era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó en las protestas contra el Gobierno del entonces presidente Iván Duque, en las que se pedía la derogación de una reforma tributaria presentada por el que era inquilino de la Casa de Nariño, sede presidencial.
Sin embargo, su participación en estas protestas -que comenzaron el 28 de abril y que se extendieron por dos meses sumando reclamos y pedidos de más derechos sociales- se vio truncada cuando desconocidos abrieron fuego contra él en un plantón en el Viaducto César Gaviria Trujillo, en la ciudad de Pereira (centro).
Según las pruebas obtenidas por la Fiscalía, 'La Cordillera', una banda criminal que opera en la turística región del Eje Cafetero, sería la responsable de asesinar a Villa, que duró cinco días en coma en el hospital, y herir a dos personas más, una de ellas menor de edad.
Jonatan Stiven fue detenido en julio del año pasado y su hermano, John Alexander en octubre y han sido llevados ante la Justicia y acusados por la planeación del crimen. Las primeras audiencias del juicio se celebrarán el 28 y 29 de octubre.
La Fiscalía considera que ellos fueron también los que ubicaron a tres hombres que siguieron a la víctima y acabaron por dispararlo la noche el 5 de mayo de 2023.
"La investigación da cuenta de que Jonatan Stiven Mejía, alias 'Truán', como posible jefe de sicarios; y su hermano, alias 'Carevieja', presunto articulador del tráfico de estupefacientes al menudeo en el barrio San Judas Tadeo de Dosquebradas, al parecer, recibieron la instrucción de asesinar a Villa Vásquez porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto impedían el paso de las sustancias ilícitas, situación que afectaba las rentas ilegales de ‘La Cordillera’", apuntó la Fiscalía.
Además de la muerte de Villa el 11 de mayo de ese año, después de ser diagnosticado con muerte cerebral, el estallido se saldó con 83 muertos, más de la mitad presuntamente a manos de la Policía, según organizaciones de derechos humanos.
En total hubo, según el Ministerio de Defensa, más de 14.000 concentraciones, marchas y bloqueos desde el 28 de abril.
