Cada mañana, antes de clases, 40 niños del grupo indígena más numeroso del país, los wayuu, se reúnen en una escuela en el vasto desierto a lo largo de la costa colombiana para desayunar.
Para muchos de ellos, esa arepa mañanera es la única comida del día.
Pero desde hace dos semanas, cuando Colombia entró en cuarentena y las escuelas cerraron, Josefa García, administradora de la escuela, no recibe ningún alimento de parte del Ministerio de Educación del país. Los niños tampoco.
Y muchos de los estudiantes empiezan a preocuparse por sobrevivir. En esta región remota y a menudo descuidada, algunos de ellos han visto a sus hermanos y hermanas morir de desnutrición.
“Tenemos miedo de que si no nos morimos del virus”, dice García, de 68 años, “morimos de hambre”.
La propagación global del nuevo coronavirus ha puesto a millones de indígenas en alerta máxima, conscientes de que unos pocos casos pueden desencadenar el desastre en lugares alejados de los hospitales o con poco acceso al agua y el jabón.
Pero junto con la preocupación sobre futuras infecciones está la preocupación por la cena de esta noche, o el almuerzo de mañana. Muchas comunidades nativas no están preparadas para meses de parálisis económica. Y en los peores casos, las medidas de aislamiento ya están causando emergencias.
“El poco de comida que nos quedó se nos terminó”, dice Adolfo Jusayú, de 55 años y padre de cuatro niños pequeños.
La semana pasada, con la interrupción de sus ingresos de taxista debido ar la cuarentena nacional, todo lo que pudo darle a diario a sus hijos fue una arepa y una bebida de maíz llamada chicha a cada uno.
En todo el continente americano, las enfermedades traídas por forasteros acabaron o devastaron muchas naciones nativas, y este legado está marcado en la memoria colectiva. En décadas recientes, enfermedades como el sarampión y la gripe porcina han causado estragos en algunas comunidades.
Hasta ahora, más de una docena de grupos indígenas ha reportado casos de la COVID-19, incluyendo a los Yukpa en el norte de Colombia, las Seis Naciones del Territorio del Gran Río en el sureste de Canadá y los Navajo en el suroeste de Estados Unidos.
En Brasil, Joênia Wapichana, la única diputada indígena, advirtió recientemente que el coronavirus puede representar “un genocidio más” para las comunidades nativas.
En respuesta, muchos líderes indígenas han tomado sus propias medidas de protección, en algunos casos construyendo estaciones de lavado de manos dentro de sus territorios, cerrando el acceso a sus tierras y estableciendo patrullas fronterizas.
Algunas veces, estas medidas han dado resultado. En otras instancias, los esfuerzos de los líderes se frustran.
En Colombia —que tiene alrededor de 2200 de los más de 30.000 casos confirmados de la COVID-19 en América Latina—, los líderes indígenas del departamento montañoso del Cauca fueron amenazados por grupos de narcotraficantes después de que cerraron sus fronteras al establecer 69 puntos de control protegidos por 1200 guardias.
En una carta publicada el 20 de marzo en las redes sociales, los miembros de un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los grupos militantes de Colombia, dijo que ante las patrullas indígenas encontradas “impidiendo nuestra movilidad, no nos queda más que accionar nuestras armas”.
Años después de un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, un remanente de organizaciones violentas permanece en la región, y, cada vez más, los indígenas que intentan interferir con las actividades de la guerrilla son encontrados muertos.
En otros lugares, incluso en Ecuador y Brasil, los líderes nativos han pedido a grandes compañías petroleras o mineras que paren de trabajar en sus regiones, temerosos de la contaminación que puede llegar con los trabajadores externos. Han tenido poco éxito.
“Estamos muy preocupados”, dice Andrew Werk, presidente de la Comunidad Indígena de Fort Belknap, en el centro norte de Montana, después de recibir noticias de que la compañía TC Energy continuaría construyendo el oleoducto Keystone XL, un proyecto de casi 2000 kilómetros que desató protestas en 2016.
Se espera que miles de trabajadores lleguen al área este verano. El gobierno de Estados Unidos considera que los obreros que laboran en oleoductos son “trabajadores esenciales de infraestructura crítica”, que pueden ser exonerados de órdenes de detener el trabajo por temas de salud.
En un comunicado, el presidente de TC Energy, Russ Girling, dijo que la compañía tomaría medidas para “asegurar la seguridad de nuestros equipos y de los miembros de la comunidad durante la actual situación de la COVID-19”.
Pocos lugares han sentido los efectos del virus con tanta fuerza como el estado costeño de La Guajira, el norte de Colombia, donde los wayuu suman aproximadamente la mitad de los 800.000 residentes.
Después de sobrevivir por generaciones a la guerra, la revolución y a uno de los paisajes más agrestes de la región, los wayuu ahora se encuentran afectados por el hambre relacionada con la cuarentena.
Hasta ahora, solo hay un caso del virus en La Guajira. Pero la cuarentena de Colombia ha paralizado la economía del turismo y comercio del departamento, por lo que negocios en pequeños centros urbanos han cerrado y, por tanto,los padres no ha podido comprar el arroz, el pescado o la harina de maíz de la semana.
Jusayú, el taxista con cuatro niños hambrientos, estuvo alguna vez entre las personas más exitosas del pueblo de Siapana, y ahorraba su dinero para cambiar su casa de adobe por una de cemento.
Pero recientemente, Jusayú ha estado cazando conejos, en busca de carne. De noche, reúne a los niños —Aldemar, de dos años, Juan, de cuatro años, Jaiber, de seis y Eduard, de nueve— en su casa, donde toman su Biblia y rezan.
“Más que todo, por lo que está pasando en el mundo”, dice.
“Necesitamos ayuda inmediata”, continúa, hablando de la situación en La Guajira. “Esto es de emergencia”.
Celina Pushaina, una madre de cinco que vive en Niño wayuu, un barrio en la ciudad de Uribia, dice que su bicitaxi fue confiscada por la policía en los primeros días de la cuarentena, después de que intentó seguir trabajando.
Trabajar fue un acto de desesperación, dice. Ahora sus hijos viven del arroz que les donaron. “Si yo no consigo dinero”, dice, “yo no compro, pasamos hambre”.
María Sijuana, quien vive en la ciudad de Puerto López, dice que sus tres hijos pequeños han sobrevivido de chicha y pasta frita desde que comenzó la cuarentena. “Será lo que Dios quiera”, dice.
Para los wayuu, la crisis viene durante la estación seca, y después de varios años de difíciles temporadas secas que han exacerbado un problema de desnutrición de larga data.
La crisis también llega cuando miles de wayuu han huido del colapso económico en la vecina Venezuela. Cerca de 1,5 millones de personas han llegado en los últimos años desde ese país.
El gobierno colombiano ha estado trabajando para apoyar a las comunidades vulnerables en medio de la propagación del virus. En marzo, el presidente Iván Duque dijo que el gobierno enviaría un pago único de aproximadamente 40 dólares a las familias más pobres del país.
El Ministerio de Educación también ha prometido continuar su crítico programa de comidas escolares y enviar alimentos a millones de hogares, un proyecto que llegará a todo el país para el 20 de abril. Pero la logística es compleja en esta nación de alrededor de 50 millones de habitantes que está dividida por cordilleras y conectada por largas carreteras desiertas.
E incapaces de esperar tanto, algunos wayuu comenzaron a bloquear carreteras con palos y ramas, en un intento de hacer pública su causa.
Algunos grupos de ayuda se han volcado a rediseñar programas.
La oficina del Programa Mundial de Alimentos en La Guajira tuvo que cerrar nueve de sus 13 cocinas comunitarias para proteger la salud pública, en cambio está ofreciendo paquetes de comida. Mercy Corps, que brinda un apoyo mensual en efectivo a alrededor de 1600 familias en el departamento, adelantó aproximadamente tres semanas el pago de mediados de abril.
El grupo planifica comenzar pronto a distribuir kits de higiene, que pueden ser críticos en un área donde miles no tienen acceso regular al agua limpia ni al jabón.
Algunos líderes wayuu, al tiempo que advierten que la mayoría de sus vecinos ha carecido de lo básico por mucho tiempo, dicen que estos problemas se pudieron haber evitado si el gobierno hubiera cumplido con los deberes de proteger a los wayuu establecidos en una decisión de la Corte Constitucional del país en 2017.
“Estoy seguro de que los wayuu sobrevivirán”, dice Weildler Guerra Curvelo, un antropólogo wayuu y exgobernador de La Guajira.
Pero “¿cuál es el costo de sobrevivir, en vidas humanas, de este pueblo que ha resistido tanto?”, se pregunta. “¿Cuál es la forma en la que las autoridades oficiales ayudarán a que ese costo sea el mínimo?”.
Por: Julie Turkewitz
