La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) alertó sobre un aumento significativo en el uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en el país, utilizados para evadir el pago de obligaciones con entidades financieras, empresas del sector real y compañías de telecomunicaciones.
Según el gremio, aunque la insolvencia es una herramienta legal diseñada para personas con dificultades reales de pago, en los últimos dos años se ha detectado un incremento de solicitudes con irregularidades, lo que estaría vinculado a la operación de un denominado ‘cartel de la insolvencia’.
De acuerdo con Asobancaria, esta estructura estaría conformada por abogados y centros de conciliación que facilitan el acceso indebido al mecanismo mediante prácticas como la creación de deudas ficticias para cumplir requisitos legales.
También se han identificado supuestos prestamistas, conocidos como ‘quiroamigos’, que aparecen en múltiples procesos e incluso algunos tendrían antecedentes judiciales.
“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia (…) lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, señaló Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
El gremio advierte además patrones de coordinación entre algunos abogados y centros de conciliación, donde se tramitan solicitudes con inconsistencias de forma reiterada.
Riesgos legales y efectos en el crédito
Expertos advierten que quienes participen en estas prácticas podrían enfrentar delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
“Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres (…) incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos (…) Si son condenados pueden terminar en la cárcel”, explicó el abogado penalista Iván Cancino.
Desde el Instituto Colombiano de Derecho Concursal también señalaron que esta figura no fue creada para evadir obligaciones, y que su uso indebido puede derivar en sanciones disciplinarias e incluso la pérdida de la tarjeta profesional para los abogados involucrados.
Asobancaria advirtió que estas prácticas afectan la confianza en el sistema, endurecen las condiciones de acceso al crédito y elevan su costo. El gremio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los controles y a los ciudadanos para hacer un uso responsable de los mecanismos legales.
