La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por las siglas CIDH, recientemente dio a conocer el equipo de trabajo que visitará Colombia próximamente, esto por los hechos de violencia que han ocurrido en el último mes en el marco del Paro Nacional.
A través de la cuenta de Twitter de la CIDH informaron que “la delegación está integrada por la presidenta comisionada Antonia Urrejola, y los comisionados Joel Hernández y Estuardo Ralón, así como el equipo técnico de su Secretaría Ejecutiva”.
El organismo también explicó que la visita se hará en las ciudades de Bogotá y Cali, allí organizará reuniones para dialogar y recolectar información de amplios sectores relacionados al Paro Nacional.
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“La CIDH realizará la visita de trabajo del 8 al 10 de junio para observar la situación de Derechos Humanos en el marco de las protestas”, agregó el ente.
El arribo de la CIDH se confirmó luego de un destacado rifirrafe entre el Gobierno de turno y la oposición, en la que se pedía que el organismo internacional visitara Colombia en brevedad, luego de las diversas denuncias presentes en contra del abuso por parte de la fuerza pública en las protestas.
Vale tener presente que, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del país, que también se está desenvolviendo como canciller, se encontró días atrás con los miembros del CIDH.
Asimismo, algunos miembros de la oposición, así como unos integrantes del movimiento uribista también se reunieron con el organismo.
De momento, algunos legisladores que soportan el paro nacional y que han sido investigados por la Procuraduría General de la Nación, mencionaron este viernes 4 de junio que irán a la CIDH para presentar su caso.
Los congresistas solicitaron una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el Ministerio Público está “propiciando el escenario para silenciar a la oposición” con las indagaciones que se adelantan.
“Vemos con preocupación el mal uso que se está dando del sistema disciplinario colombiano, por parte de algunas personas que por medio de acciones injuriosas, calumniosas y malintencionadas, pretenden deslegitimar nuestro accionar como servidores públicos en defensa de los derechos de protección de la vida, integridad y seguridad de jóvenes, mujeres y en general de la ciudadanía que se ha visto amenazada por el abuso de fuerza por parte de la miembros de la Fuerza Pública”, dice el comunicado al respecto.
