Durante varios días ha sido noticia un fallo del Tribunal de Cundinamarca, en el que condenó a la nación, la Rama Judicial y a Corficolombiana, a pagar 14 billones de pesos a un ciudadano con nombre Alejandro González Beltrán, esto debido a que hace 33 años, le negaron al individuo tres CDT (Certificado de depósito a término fijo) injustamente.
Este pleito jurídico inició en el año 1989, en ese entonces con la entidad llamada Corfivalle, hoy nombrada como Corficolombiana. El hombre se acercó a la entidad para reclamar sus CDT por un valor superior a los 58 millones de pesos cada uno; sin embargo, el sujeto recibió la respuesta denegada, y además, le notificaron una denuncia por estafa y falsedad en documento privado.
Ante esta situación, Alejandro González, como es el nombre del afectado, decidió llevar un proceso legal del que fue condenado en primera instancia en el año 2005, no obstante; el Tribunal Superior de Cali desestimó la condena y ordenó a las entidades a pagar el dinero, monto que fue devuelto al hombre dos años después.
Aunque González logró obtener el dinero, decidió continuar con el proceso argumentando por todo lo que pasó durante estos años; fue entonces que el pleito pasó del Tribunal de Cali a la Corte Suprema, y luego llegó al Tribunal de Cundinamarca, esta última entidad fallando a favor del hombre y condenando a la nación y a Corficolombiana, con 14 billones de pesos.
Error aritmético de parte del Tribunal
Para hacer un comparativo, la suma a la que el Estado debía desembolsar, equivalía casi a los 20 billones de pesos que el Gobierno Petro espera recaudar en el primer año con la nueva reforma tributaria. Algo astronómico que llamó la atención de toda la ciudadanía.
Fue entonces que los involucrados impugnaron la decisión del Tribunal por considerarla exagerada. A partir de ahí el Tribunal revisó y anunció un oficio, en el que explica que el monto de la condena, fue un error, toda vez que se trató de una equivocación aritmética. Tras volver a evaluar, el organismo determinó que el monto real a pagar al individuo es de 18 mil millones de pesos.
Entre tanto, aunque la aclaración sirvió para dar un respiro a las entidades cuestionadas, el proceso tendrá que continuar el Tribunal para resolver si hubo responsabilidad de parte de los demandados en los daños causados al hombre.
