La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, que habían convertido al Consejo Nacional Electoral, CNE, en una sección independiente dentro del Presupuesto General de la Nación y le habían dado a su presidente facultades para contratar y ordenar el gasto.
Con el fallo, el CNE perderá esa capacidad de manejo directo de sus recursos. En la práctica, volverá a operar bajo el esquema presupuestal anterior, en el que sus recursos estaban incorporados en la sección de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La razón central de la decisión fue que esas disposiciones no tenían una relación directa con los objetivos, metas o estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Para la Corte, incluir esa modificación administrativa y presupuestal en la ley del Plan vulneró el principio de unidad de materia.
¿Qué pasa con las elecciones de 2026?
El cambio no empezará a aplicarse de inmediato. La Corte decidió diferir los efectos del fallo hasta el 1 de enero de 2027, debido al papel que cumple el CNE dentro de la organización electoral y al proceso presidencial de 2026, que ya está en curso.
Esto significa que, por ahora, la decisión no modifica el calendario electoral ni las funciones constitucionales del CNE frente a la vigilancia de la organización electoral, los escrutinios, la declaratoria de elecciones o el control sobre partidos y campañas.
El efecto principal será administrativo y presupuestal. Desde 2027, el CNE ya no tendrá una sección propia en el Presupuesto General de la Nación ni el mismo margen directo para contratar y ejecutar recursos desde su presidencia. Eso obligará a ajustar la forma en que se planean y ejecutan los recursos del organismo.
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¿Qué sigue ahora?
Durante el periodo de transición, el Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional, el CNE y el Departamento Nacional de Planeación deberán coordinar los ajustes normativos e institucionales necesarios. También deberán estructurar el presupuesto de 2027 conforme al nuevo escenario definido por la Corte.
La decisión deja una consecuencia inmediata: las elecciones presidenciales de 2026 seguirán bajo el esquema presupuestal vigente, pero el próximo presupuesto nacional deberá reflejar el regreso del CNE a la estructura anterior.
