Decreto de delimitación de áreas de reserva pondría en riesgo al sector minero

La Asociación Colombiana de Minería aseguró que el decreto del gobierno de delimitación de áreas de reserva, amenaza la estabilidad y el futuro del sector minero en Colombia.
Créditos:
EFE

Luego de un riguroso análisis, la Asociación Colombiana de Minería - ACM determinó que el proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible "por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones", configura una amenaza a la estabilidad y el futuro del sector minero en Colombia.

Según la Asociación Colombiana de Minería, se trata de una norma que puede ser usada de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos y sólo amparándose en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia no debe entenderse de esa manera.

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Explican que el proyecto desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, y con esto, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y anula por completo la autonomía y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Para la asociación minera, el decreto transgrede el artículo 34 del Código de Minas que dispone que para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios técnicos, sociales y ambientales disponibles.

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Adicionalmente, aseguran que desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022, y crea criterios para delimitación que no están en la ley", indicó Juan Camilo Nariño Alcocer, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

En este sentido, señalan que el decreto elimina e ignora los análisis y el rigor técnico, lo que va en contravía de objetividad que debe primar en las decisiones administrativas y además de ir en contravía de la descentralización administrativa.

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