El desplazamiento interno forzado sigue creciendo en Colombia. La presencia de múltiples grupos armados ilegales y la falta de ayudas y protección del Estado en algunas regiones del país, han llevado a que esta problemática social registre cifras descomunales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación con datos realmente alarmantes, al igual que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Defensoría del Pueblo.
Cada una de estas organizaciones y entidades aportaron datos y cifras que ponen en aprietos al gobierno de Iván Duque y al Estado en general.
Y no es para menos, pues en lo que va del año 2021 esta problemática aumentó en un 135 % con respecto al mismo periodo del 2020; y dan muestra de que las mujeres, la comunidad indígena, los afrodescendientes y los campesinos son los más vulnerables a este flagelo.
De acuerdo con un informe de ACNUR, Colombia registró 8,3 millones de personas víctimas del desplazamiento interno forzado, a finales del año 2020. Por su parte, la OCHA agrega un dato relacionado al año 2021, en el que informa que entre enero y agosto 57.100 personas tuvieron que salir de sus hogares por amenazas directas de grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo presentó, por otra parte, que en el primer semestre de este año la cifra de desplazamiento interno forzado en Colombia alcanzó las 44.290 personas; el doble con respecto al mismo periodo del año anterior.
La CIDH señaló que "reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado para hacer frente a las situaciones de desplazamiento forzado, pero advierte que estos eventos aumentaron en el país significativamente".
Algunos departamentos de la costa pacífica y zona noroccidental de Colombia son los que reportan el mayor número de desplazamiento interno forzado. De acuerdo con la OCHA, los municipios Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca) son escenarios recurrentes para este flagelo.
El control territorial para poder construir infraestructuras portuarias y turísticas es la principal causa del desplazamiento interno forzado en Colombia, que termina afectando a diferentes grupos poblacionales del país: mujeres, la comunidad indígena, los afrodescendientes y los campesinos.
La preocupación de la CIDH y demás organizaciones y entidades del continente también se centra en los peligros a los que está expuesta la mujer desplazada.
De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia los riesgos son: violencia, explotación o abuso sexual; explotación o esclavización para ejercer labores domésticas; reclutamiento forzado de hijos e hijas; y obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.
Al conocer estas cifras, la CIDH solicitó al Estado colombiano "implementar las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los territorios de los cuales fueron desplazadas, incluyendo el desminado de los territorios".
Y lo invitó a "avanzar en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, a fin de contribuir con su visibilización.
