La junta directiva de Ecopetrol vuelve a reunirse este lunes 30 de marzo con una pregunta que ya dejó de ser solo administrativa: qué hacer con Ricardo Roa en medio de su frente judicial, la presión del sindicato y el ruido creciente entre accionistas e inversionistas. La cita llega después de que la propia junta lo mantuviera en el cargo el 25 de marzo y anunciara que seguiría evaluando su situación, mientras la USO (Unión Sindical Obrera) advertía que, si no sale, podría escalar su protesta.
La discusión no se limita a si Roa continúa o no. Lo que está en juego es qué estándar quiere aplicar Ecopetrol frente a un presidente que sigue respaldado políticamente por el Gobierno, pero que arrastra investigaciones y cuestionamientos que ya se trasladaron del terreno penal al de la gobernanza corporativa. En una empresa controlada mayoritariamente por el Estado, pero listada en bolsa y obligada a responderle también al mercado, cada salida tiene un costo distinto.
Los 3 posibles escenarios
El primer camino es el más obvio: que la junta vuelva a ratificar a Roa. Esa fue, en esencia, la señal de la semana pasada, cuando la mayoría optó por mantenerlo en el cargo mientras avanzaba la revisión interna. Esa salida tiene una lógica clara: la junta puede insistir en que no hay condena, que rige la presunción de inocencia y que la empresa ya activó protocolos de evaluación jurídica y regulatoria antes de tomar una decisión más drástica. Ese argumento ya fue expuesto por Ecopetrol en sus comunicaciones oficiales tras la imputación.
Pero mantenerlo no equivale a desactivar la crisis. Al contrario, prolonga el choque con el sindicato y deja abierta la tensión con los minoritarios que, en la asamblea reciente, volvieron a cuestionar su continuidad. También puede reforzar la lectura de que la junta privilegia el respaldo político sobre la señal institucional. En el corto plazo, esa decisión daría estabilidad formal; en el mediano, mantendría vivo el desgaste reputacional.
La salida más contundente: apartarlo
El segundo camino es removerlo. Estatutos en mano, la junta sí tiene la facultad de nombrar y remover al presidente de la compañía. Sería la decisión más fuerte, pero también la más limpia desde el punto de vista societario: no exigiría inventar figuras intermedias ni estirar indefinidamente una evaluación que ya comenzó. Si la junta optara por ese camino, tendría que designar un encargado mientras se define un relevo más estable.
Esa salida aliviaría de inmediato la presión de la USO y enviaría al mercado una señal de corrección institucional. Pero también tendría un costo político alto para el Gobierno, que ha respaldado a Roa en distintas controversias. Sacarlo no sería solo un movimiento empresarial: sería leído como una admisión de que el costo de sostenerlo ya superó el beneficio de protegerlo.
El camino que compra tiempo
Hay una tercera opción que, aunque menos vistosa, no puede descartarse: que la junta vuelva a aplazar una definición de fondo. Ya lo hizo de hecho cuando decidió mantener abierta la evaluación interna y volver sobre el caso días después. Esta salida le permite a Ecopetrol evitar un choque frontal hoy, pero no le resuelve nada de fondo.
El escenario adicional
En el debate también aparece una posibilidad intermedia: separar temporalmente a Roa mientras avanzan las investigaciones. Sobre el papel suena razonable, pero es una salida menos clara. Los estatutos sí regulan la designación y remoción del presidente, pero no convierten la “suspensión preventiva” en una fórmula tan nítida como las otras. Por eso, una decisión de ese tipo podría abrir una discusión jurídica adicional, justo cuando la junta busca reducir riesgos, no sumar otros.
