Nos enfrentamos a un Estado de incertidumbre. La actualidad jurídica en Colombia atraviesa un momento de alta tensión. Lo que comenzó a finales de 2025 como un ambicioso paquete de medidas para estabilizar la economía, tras el freno de la ley de financiación que tuvo por parte del legislativo, atendiendo un déficit presupuestal el gobierno nacional con el decreto 1390 de 2025, se crea la ley de emergencia económica la cual hoy se enfrenta a un "choque de trenes" entre la urgencia del Ejecutivo y el control de la Corte Constitucional.
Para el sector empresarial y profesional, la pregunta no es solo si los alivios se mantendrán, sino qué tan sólida es la seguridad jurídica sobre la cual se están tomando decisiones financieras hoy mismo.
La cronología de este proceso inició en diciembre de 2025 con la expedición del Decreto 1390. A través de este, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, una herramienta constitucional que permite al presidente legislar con fuerza de ley para atender crisis sobrevinientes. Fue la respuesta institucional a una coyuntura que, según el Gobierno, no podía esperar los tiempos del Congreso.
Posteriormente se emitió el Decreto 1474, el cual estableció beneficios tributarios y alivios financieros concretos. Estas medidas fueron diseñadas para inyectar liquidez inmediata a las empresas y proteger el tejido social. Para muchos contribuyentes, este decreto representó un respiro necesario en sus proyecciones de caja para el inicio de 2026.
La Ponencia de Camargo y la Suspensión El panorama cambió drásticamente en la última semana de enero de 2026. El magistrado Juan Carlos Camargo presentó una ponencia ante la Corte Constitucional argumentando que las causas de la emergencia no cumplían con los requisitos de imprevisibilidad y necesidad extrema. Esto derivó en una suspensión provisional de las medidas, dejando en el aire la aplicabilidad de los alivios del Decreto 1474 mientras se decide el fondo del asunto.
La Postura del presidente frente a este bloqueo fue contundente. Defendió la legitimidad de la emergencia, argumentando que suspender estos decretos es despojar a los sectores más vulnerables y a las pequeñas empresas de un soporte vital. El mandatario insistió en que la "urgencia" no es un capricho político, sino una realidad económica que la justicia debe ponderar con sensibilidad social, advirtiendo que un fallo en contra generaría un vacío fiscal difícil de llenar por vías ordinarias.
Finalmente, el 11 de febrero de 2026 se generó el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el cual es una nueva declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ya que representa la respuesta del Gobierno ante la suspensión de las medidas anteriores. A diferencia del decreto 1390 que cubría gran parte del país, este nuevo decreto se enfoca en una emergencia territorial delimitada (menciona específicamente "parte del territorio nacional") del los cuales fueron afectado por los eventos geológicos del frente frio. El Gobierno busca con esto subsanar los errores de justificación que señaló el magistrado Camargo, intentando que esta vez la Corte Constitucional no lo suspenda. Este pretende recaudar entre 8 billones de pesos.
En conclusión, el nuevo decreto de emergencia económica busca recaudar, lo que falta de los 16 billones, teniendo en cuenta que fue suspendido de manera provisional el decreto 1474, de acuerdo a lo indicado por el ministro el nuevo decreto gravara el patrimonio de las personas jurídicas y la pretensión es recaudar aproximadamente 8 billones de pesos, muy seguramente traiga algunos alivios tributarios, debemos estar atentos al nuevo decreto que fija el tema impositivo para el recaudo.
Por: Miguel Alejandro Peña
Experto Tributario y docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores
