Emilio Archila citado a declarar en la Corte Suprema por dineros para la paz

El exconsejero presidencial, Emilio Archila, fue llamado para rendir declaratoria por el escándalo de los dineros para la paz.

Los cuestionamientos en torno a los dineros destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz continúan por las supuestas inconsistencias en el uso de los recursos que estaban destinados para tal fin.

Así mismo, hace pocas horas la Corte Suprema de Justicia anunció el llamado a los congresistas Wadith Manzur, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello Baute y al exconsejero presidencial Emilio Archila, esto, para declarar por supuestos temas de corrupción alrededor de la administración en los recursos que se destinaron para la implementación de los proyectos para la paz.

La citación se realizó desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, esto, por indicios de que los citados habrían estado participando presuntamente en un entramado en el que desaparecieron algunos recursos para la implementación de los acuerdos.

Hasta abril, Emilio Archila se desempeñó como consejero para la Estabilización y la Consolidación, por lo que su principal tarea en el cargo fue la implementación y la consolidación de los acuerdos de paz firmados con la extinta guerrilla de las Farc.

El exfuncionario está en medio del inicio de investigaciones luego de que se destapara un entramado en el que presuntamente se operó desde la administración por lo que los implicados estarían cobrando comisiones de hasta el 12% de los recursos destinados del Ocad Paz en algunos proyectos de las regiones.

Frente a esto, el primer cuestionado fue el exconsejero, quien se pronunció al respecto alegando que mientras se encontraba en el cargo, recibió una serie de correos con denuncias y comunicaciones que advertían sobre el manejo de los recursos que estaban dispuestos para la entidad.

Cabe destacar que Archila se presentó en la Fiscalía General de la Nación, quienes lo citaron con el fin de que hiciera declaraciones frente al escándalo en el que se habrían perdido recursos que estaban destinados a 170 municipios que se encontraban en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Por otra parte, entre las inconsistencias encontradas durante las investigaciones se encontró que se realizaron presuntas aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías ni los requisitos pertinentes para su implementación. 

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