Este domingo 16 de mayo empiezan las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro, a propósito de las protestas masivas que iniciaron el pasado 28 de abril en contra de las reformas tributaria y a la salud propuestas por el presidente Iván Duque.
En un comunicado, el Comité Nacional del Paro dio a conocer que han acordado acudir a esta primera mesa de negociación “para tratar un único punto, las garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando”.
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De acuerdo con el Comité, en cuanto se logren compromisos verificables para el cese de la violencia y el ejercicio libre de la protesta, se abrirán los procesos de negociación relativos a los reclamos de la ciudadanía colombiana.
“La magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada contra quienes protestamos exige que ninguna persona más pierda la vida, su integridad física o su libertad personal en medio de las protestas, no es posible una negociación sin el cese de la violencia”, indicó en el comunicado.
El Comité Nacional del Paro aseveró que la violencia por parte de la Fuerza Pública colombiana “ha cobrado la vida de al menos 50 personas, ha producido heridas a 578, de las cuales 37 han recibido lesiones oculares; han detenido arbitrariamente al menos a 1.430, han presuntamente desaparecido a 524, y han cometido violencia sexual contra 21 mujeres”.
En el comunicado que publicó este domingo también anunció que el Paro Nacional continúa, al tiempo que se acordarán corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, insumos hospitalarios, alimentos, combustibles y otros bienes de carácter esencial. Y, en ese sentido, convocó para el próximo miércoles 19 de mayo a una jornada de movilización pacífica.
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El pliego de peticiones de urgencia que se discutiría con el Gobierno consiste en: el retiro del proyecto de reforma a la salud, el fortalecimiento del plan nacional de vacunación masiva contra la COVID-19, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (no universal), subsidios a las pequeñas y medianas empresas, una política en defensa de la soberanía y seguridad alimentaria, matrícula cero para estudiantes de instituciones públicas, el fin de las erradicaciones forzadas y aspersiones aéreas con glifosato en cultivos de uso ilícito y el cese de la discriminación de género, diversidad sexual y étnica.