Tal y como lo anunció semanas atrás el presidente Gustavo Petro, durante esta semana la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, se reunió para definir quienes serían aquellos primeros ciudadanos privados de la libertad durante el paro nacional que serán designados como ‘gestores de paz’ por parte del gobierno nacional.
Fue el pleno de la Comisión, integrada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, en cabeza de Mauricio Lizcano, el ministerio del Interior al mando de Alfonso Prada, el ministerio de Justicia, liderado por Néstor Osuna, y el ministerio de Defensa, bajo la dirección del ministro Iván Velásquez, quienes durante una rueda de prensa anunciaron a los primeros 7 jóvenes beneficiados.
“Le recomendamos al Presidente de la República que designara voceros de paz a 7 personas (...) Ninguna de ellas condenadas. Hay dos mujeres, 5 muchachos, algunos están en detención domiciliaria, otros en detención carcelaria y esas 7 personas se llaman: Arles Andrés Bolaños, Adriana Bermeo, Santiago Márquez, Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque y Bremen Hinestrosa”, señaló el ministro de Justicia Néstor Osuna, quien además dio detalles sobre lo que se les encomendará.
“Estas 7 personas tienen que firmar un acta de compromiso con el Comisionado de Paz en el cual se les asignan unas tareas precisamente de facilitación de la convivencia, además de las tareas específicas que a cada uno de les encomienda. Van a tener atención psicosocial y la Universidad del Valle les ofrece, y hemos determinado que sea obligatorio para ellos, tomar un diplomado virtual en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos.
Así mismo se conoció que estos gestores de paz deberán seguir atendiendo los requerimientos que los jueces en el marco de los procesos que se adelantan en su contra porque la designación como voceros de paz no afectaría las indagaciones en su contra.
En otro apartado de la rueda de prensa el ministro de Justicia Néstor Osuna hizo claridad de quienes fueron beneficiados y aseguró que ninguno de ellos está sindicado de delitos graves ni de lesa humanidad.
“Son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, obstrucción del transporte público”, aclaró.
