La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que numerosos grupos armados ilegales en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del coronavirus (Covid-19).
Según informó HRW, desde la llegada del Covid-19 al país, varios grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus y para hacer cumplir sus reglas, “los grupos armados han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, detalló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
HRW subrayó que los actores armados ilegales informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del coronavirus en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo fueron algunos de ellos.
“En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia. Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país”, destacó el informe de HRW.
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Los grupos armados implicados en estos crímenes son la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
“El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del COVID-19”, concluyó Vivanco.