La Fiscalía General de la Nación formuló 4.114 cargos al exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate —alias Julián Bolívar— y a otros 245 postulados más del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, entre otros, cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, en al menos 11 departamentos durante los años 1994 y 2006.
Tras un año y medio de audiencias ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el ente investigador culminó la etapa de formulación y aceptación de cargos en el proceso que se adelanta en contra de los acusados.
"La Dirección de Justicia Transicional, a través de los fiscales encargados de investigar los hechos cometidos por el BCB de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), busca garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de más de 5.700 víctimas", comunicó la Fiscalía.
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Atentado a iglesia cristiana
Entre los hechos representativos que se le responsabilizan a esta estructura criminal y que fueron aceptados por los señalados, destaca el atentado a una iglesia cristiana en el municipio de Puerto Asís —Putumayo— por el cual murieron 3 personas y otras 14 resultaron heridas, en hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2004.
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Incursión vereda El Piñal
Esta incursión armada, llevada a cabo en el corregimiento San Luis del municipio de Simití —Bolívar— en agosto de 1999, dejó un saldo de 6 víctimas mortales y un desplazamiento forzado de unas 73 personas pertenecientes a 18 grupos familiares distintos.
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Otros hechos
Además de los accionares mencionados anteriormente, este grupo paramilitar se responsabilizó por el desplazamiento de profesores en el municipio de Leiva, Nariño; el homicidio de 3 indígenas pertenecientes al Resguardo San Marcelino, en Putumayo; entre otros distintos asesinatos a miembros de la Unión Patriótica (UP) y de la Fuerza Pública.
¿Quién es alias Julián Bolívar?
Este hombre nació en Medellín y purgó ocho años en una cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.
La justicia ordinaria lo había condenado a 40 años de prisión por 82 homicidios, siete desplazamientos e igual número de desapariciones forzadas, torturas y otros delitos más.
Desde su desmovilización el Gobierno de Estados Unidos puso los ojos en él y lo pidió en extradición tras acusarlo de enviar a su país incontables cargamentos de cocaína.
En febrero de 2015 la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, pero un par de meses después el presidente Juan Manuel Santos la negó, ya que según él, Pérez Alzate ha colaborado efectivamente con la justicia y ha contribuido en la reparación de víctimas.
