El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está envuelto en un escándalo desde que la Contraloría General de la República, revelara un informe en el que se estableció que la entidad estaría entregando beneficios a menores de edad fallecidos.
De acuerdo con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, contratistas del ICBF entregaron 28 mil raciones de alimentos a 15 mil beneficiarios fallecidos. Al cruzar los datos con las bases de la Registraduría, la Contraloría encontró que los menores de edad a los que supuestamente se les entregó los alimentos, habrían fallecido antes de la fecha del suministro.
Otro de los hallazgos, es que los contratistas estarían entregando raciones de alimentos a tutores con múltiples beneficiarios. Un caso puntual es el de una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en Chimichagua, Cesar y Fundación, Magdalena, por lo que recibía las raciones de todos los menores de edad.
Hallazgos similares en otras zonas del país llevaron a la Contraloría a generar seis alertas a 1.970 beneficiarios.
ICBF dice que solicitó acompañamiento de la Contraloría desde que se flexibilizaron los servicios
Al conocerse el informe que emitió la Contraloría, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, sostuvo que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia, el instituto le solicitó acompañamiento al organismo de control.
Así mismo, señaló que el ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias.
"Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", recalcó la directora del ICBF.
Además, dijo que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recuersos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto, los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos.
"Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló Lina Arbeláez.
La funcionaria además manifestó que al interior de la institución se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, para que estas trasciendan al ámbito penal.
