Seis altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos varios generales, son investigados por la Procuraduría para establecer si tienen responsabilidad en una operación militar realizada en marzo de 2022 en la localidad de Puerto Leguízamo en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
El Ministerio Público informó este jueves que "pudo establecer" por medio de pruebas y testimonios que en la operación militar realizada en Puerto Leguízamo, Putumayo el pasado 28 de marzo de 2022, donde "perdieron la vida 11 personas, podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares".
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Por esta razón, la investigación disciplinaria fue remitida de la delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares que tengan el rango de generales.
La operación militar por la que son investigados los altos oficiales se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona cuando los militares incursionaron.
Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
En esa ocasión el presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, contó a EFE que en el caserío Alto Remanso "hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil", que estaba reunida participando en "una actividad veredal".
Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres "botas (...) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró el indígena que calificó el hecho como un "falso positivo".
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Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias "Bruno", parte de la comisión financiera del comando de frontera de la Segunda Marquetalia
Los "falsos positivos" salieron a la luz en 2008 cuando se denunció que miembros del Ejército habían reclutado a miles de jóvenes de barrios pobres de Bogotá y otras ciudades con falsas promesas de trabajo y luego los llevaban a otros lugares del país donde eran ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener permisos y premios de sus superiores.
