En diálogo con Kienyke.com, el contralor en funciones, Carlos Zuluaga, realizó un balance de la gestión 2023 de su entidad, principal fiscalizadora del gasto público de la nación, poniendo sobre la mesa cifras importantes de dinero recuperado de la corrupción e investigaciones realizadas por la Contraloría, así como un análisis a profundidad del efecto fiscal que podrían tener algunas decisiones y reformas del gobierno nacional.
En primera instancia, el Contralor (e) señala que en todo el 2023 fueron recuperados más de 454 mil millones de pesos vía cobro coactivo, lo cual ya es una señal importante con respecto al año anterior en el que el recaudo fue de apenas $240 mil millones. De igual manera, se abrieron desde la entidad procesos de responsabilidad fiscal por unos seis billones de pesos y se recuperaron cerca de $700 mil millones de elefantes blancos y obras públicas con irregularidades.
Sumado a ello, aunque no todos los procesos tienen que ver con corrupción, la cifra de mala ejecución de los recursos es alarmante: “1.2 billones de pesos en hallazgos con presunto daño al patrimonio público, entre todas las auditorías”.
“No todos los hallazgos de la Contraloría son por la corrupción (...) “En una auditoría podemos determinar que hay una irregularidad en la ejecución de un contrato, pero esa irregularidad quizás obedece al desconocimiento de ese funcionario público que es nombrado en un cargo sin conocer la ley de contratación, sin saber cuáles son las funciones de un interventor”, aseguró el contralor en funciones.
Vea la entrevista completa con el contralor en funciones, Carlos Zuluaga:
Las advertencias del Contralor al gobierno
El contralor en funciones abordó una serie de decisiones del gobierno que les han resultado preocupantes para la salud financiera de la nación: los descuentos en el SOAT, la reforma a la salud, así como la transición energética y la capacidad del sistema de generación de energía en el país.
El primer punto, por ejemplo, está directamente relacionado con la siniestralidad vial en el país, fenómeno que califican desde la Contraloría como una “pandemia”. De hecho, asegura Zuluaga, las muertes que están ocurriendo por esto “son superiores a las muertes que se dan por la violencia, la guerra o el conflicto armado” y al menos en un 11% las víctimas son niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, consideran que haber reducido el 50% del cobro del SOAT a motos fue un error, toda vez que “el 90% de la siniestralidad la cometen las motos". En cifras, precisa, eso significa un total de 530 mil millones de pesos en reclamaciones por accidentalidad cargadas al ADRES, muchas de las cuales no pueden ser cobradas por los casos de carencia del SOAT o de presencia de pólizas falsas.
“Reducir el 50% del cobro del SOAT a las motos, genera unas reclamaciones por accidentalidad de 530 mil millones de pesos en el ADRES, que el gobierno los tiene que pagar. Y así, podemos hacer una lista de todos los sectores y temas donde se va acumulando una deuda adicional por una decisión que tome el gobierno, y finalmente el Estado tiene que reconocer qué tanta capacidad tiene para crear más subvenciones, más escisión de impuestos y qué tanta capacidad fiscal tenemos”, aseguró Zuluaga.
Reforma sí, pero dialogada
Otro tema mencionado fue la salud y la reforma que intenta sacar adelante el gobierno en el Congreso, sin dejar de lado la disputa existente entre EPS e IPS por las deudas del sistema de salud. Por un lado, el Contralor señala que es importante dejar claro que no se puede generar una interrupción del servicio de salud, de suministro de medicamentos, revisar profundamente las cargas financieras no contempladas del sistema y hacer seguimiento a las EPS que se gastan los recursos en otras cosas.
Todavía más grave, el Contralor entregó el pasado 21 de diciembre un informe público en el que aseguraba que los giros del ADRES a las EPS están completamente al día (con corte a octubre de 2023), con 63 billones de pesos girados a estas entidades y con solo 13 billones en deuda por pagar. La conclusión principal: que no hay excusa para amenazar con una interrupción del servicio a la salud de los colombianos.
No obstante, Zuluaga considera que todos estos deben ser los temas a tratar de forma pausada en la discusión de la reforma a la salud: “Todo esto de la reforma tiene que servir para discutir eso, cómo lo financiamos, de qué manera, cuáles son todas las variables que se le han pegado y han hecho que los recursos de la salud hoy no sean suficientes”, opinó.
¿Colombia está en riesgo de apagón?
Finalmente, Carlos Zuluaga hizo énfasis en otra alerta que emiten desde la Contraloría, esta vez relacionada con la seguridad energética del país, la cual asegura estaría en riesgo por cuenta de varios factores que no se están teniendo en cuenta desde el gobierno. Irónicamente, el primer factor a tener en cuenta es la transición energética, que opiná se estaría acelerando sin tener en cuenta qué otros rubros podrían reemplazar a los provenientes del sector de los hidrocarburos.
“Quitarle progresivamente al presupuesto de la nación 83 billones de pesos sin tener claro cómo lo vamos a reemplazar en la matriz financiera, afecta la regla fiscal de mediano y largo plazo (...) Estas decisiones tienen un impacto, desestimulan la inversión privada, no llega más inversión, se van las empresas, se liquidan anticipadamente los contratos que existen, esos recursos que existen por exploración y explotación de hidrocarburos empiezan a bajar. Pueda que en cinco años de 80 billones pasemos a 70, en seis de 70 a 60, y en diez años por hidrocarburos no tengamos nada”, aseveró.
Por otro lado, el contralor asegura que hay varios factores que les preocupan en materia energética: demoras en el desarrollo de proyectos energéticos y su inclusión en la matriz, demoras en la designación de todos los comisionados de la Creg, deudas por más de seis billones de pesos del gobierno con los comercializadores de energía, en otros.
