Así lo dio a conocer la Agencia de Periodismo Investigativo (API) al realizar un informe acerca del controvertido negocio con el gobierno de Juan Manuel Santos en el que César Reyes, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se ha visto involucrado.
El magistrado César Reyes, quien fue el ponente en el proceso por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer el contrato por $574.674.360 que firmó en julio de 2016 con el gobierno Santos.
De acuerdo con API, “la firma del magistrado data del 15 de agosto de 2003, cuando mediante escritura 5.472 de la Notaría 19 de Bogotá, Sandra Rodríguez Moreno, Ruben Támara Murcia y César Augusto Reyes Medina constituyeron la empresa Consultores Justicia y Ley Ltda”.
Después de tres años la empresa cambió de socios y realizó reformas de estatutos. Estos movimientos le permitieron un aumento en su capital, luego de un inicio poco productivo.
En el transcurso de operaciones de la consultoría jurídica también se acordó modificar el nombre de la razón social, por esto, actualmente es denominada “Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda”.
Además de los cambios mencionados, se efectuaron distintas asambleas en las que al final César Augusto Reyes se consolidó como socio mayoritario de la firma con 5.500 cuotas (que se practicaban de manera gratuita).
“En el año 2014 elevaron una nueva escritura para prórrogar el término de duración de la empresa por veinte años más. La compañía había entrado en liquidación toda vez que el 15 de agosto de 2013 se cumplió el plazo de diez años acordado. Pero justamente, fue un buen año en el que reportaron activos por $138 millones”, señaló el informe.
En tal sentido, el 19 de septiembre (antes de que César Reyes fuera nombrado magistrado) se llevó a cabo la sesión extraordinaria número siete, en la que asistieron Harry Fernando Mora Mayorga y Gabriela Reyes Sánchez.
Y en la que “César Augusto Reyes Medina cedió las acciones de su compañía a su hija Gabriela Reyes Sánchez por valor de $5.500.000 millones”, precisó API.
En el caso de Harry Fernando recibió las acciones por $5.000.000 millones de Fernando Jiménez Montes, actual magistrado auxiliar de César Reyes.
“Por ahora, es evidente que el togado, después de 14 años vendió su empresa a dos personas cercanas; su hija y su exjefe en el programa Usaid”, finalizó la Agencia.
