El magistrado César Reyes, quien fue el ponente en el proceso por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer el contrato por $574.674.360 que firmó en julio de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Dicho contrato fue celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia -a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia- y Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores LTDA, entidad de la cual el hoy magistrado César Reyes fue subgerente y representante legal.
El objetivo del contrato por prestación de servicios era, entre otras cosas, establecer la situación jurídica y de salud de las personas de las Farc-EP con medida de aseguramiento, o condenadas, que estaban relacionadas en los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante las negociaciones.
Entre las obligaciones del contratista estaba la identificación y/o individualización del interno, condiciones de aprehensión, tipo de delito imputado, tipo de ley aplicable, despacho judicial al cual se encontraba a disposición, estado procesal de la investigación, entre otras.
Duros cuestionamientos
El togado ha recibido duras críticas por parte del uribismo, pues varios consideran que, antes de asumir el caso por presunto soborno y fraude procesal que cursa contra el ahora exsenador Álvaro Uribe, debió haberse declarado impedido para asumir la investigación y para elaborar el escrito en el que se sustentó la medida de aseguramiento.
El partido Centro Democrático mencionó en un comunicado que la revelación de este contrato entre César Reyes y el gobierno de Juan Manuel Santos es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe sobre el “sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia”.
Y además señaló que “este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte”.
Algunos usuarios de las redes sociales también recordaron la posición del magistrado César Reyes cuando se le quitó el caso de Álvaro Uribe a la magistrada Cristina Lombana, quien fue la primera en tener el expediente pero que, posteriormente, fue recusada por ser parte activa de las fuerzas militares y haber estado bajo el mando del líder natural del Centro Democrático cuando fue presidente de la República.
En ese entonces el magistrado Reyes dijo: “Dos cualidades deben tener los jueces, estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo, y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”.
¿Debió declararse impedido?
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó a KienyKe.com que la ley dice que un funcionario judicial debe declararse impedido cuando él, su compañero permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad tenga interés en la actuación procesal o que sea pariente de alguna de las partes.
Mencionó que un funcionario judicial tampoco podría tener injerencia en el caso si ha sido apoderado o defensor de alguna de las partes, que exista amistad íntima, enemistad grave con alguno o que haya manifestado su opinión sobre el asunto anteriormente.
Arrubla señaló que el contrato firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos no configura ninguna causal de impedimento para que el magistrado César Reyes adelantara el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal.
“Las causales de impedimento están señaladas en la ley de forma taxativa. Este fue un contrato que firmó con el gobierno Santos, que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso. El hecho de que Santos y Uribe tengan rivalidad política no configura ninguna causal de inhabilidad. El magistrado César Reyes no se tenía que declarar impedido”, aseguró.
El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez coincidió en que en el caso del magistrado César Reyes no ve ninguna causal de impedimento o de recusación para haber adelantado la investigación en contra de Uribe.
Sin embargo, indicó que, a su juicio, hubiera sido acertado que él pusiera en conocimiento de sus colegas esta situación con el fin de “evitarse todos estos cuestionamientos” y darle “más transparencia al proceso".
“No creo que haya una causal de impedimento pero yo pensaría que el magistrado sí debió informar esta situación. Y más tratándose de un proceso de esta naturaleza y con tanta pugnacidad y prevenciones”, finalizó.
