El caso de la muerte del coronel Óscar Darío Dávila, pieza clave en la investigación del escándalo del polígrafo que sacudió a la Casa de Nariño en 2023, ha dado un nuevo y sorpresivo giro.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por presunto acceso irregular al expediente relacionado con el fallecimiento del oficial de la Policía Nacional.
Un caso cargado de dudas
El 9 de junio de 2023, Colombia amanecía con la impactante noticia del hallazgo sin vida del coronel Óscar Dávila. Su deceso se registró justo cuando se desempeñaba como figura clave en las investigaciones sobre el uso indebido del polígrafo a Marelbys Meza, niñera del hijo de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.
Aunque inicialmente se planteó la hipótesis de un suicidio, múltiples elementos han mantenido el caso envuelto en misterio y controversia. La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer los hechos. No obstante, más de un año después, nuevas revelaciones vuelven a poner el caso en el ojo del huracán.
Investigación a funcionarios de Medicina Legal
Desde el departamento del Chocó, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, informó que diez funcionarios —seis hombres y cuatro mujeres— están siendo investigados disciplinariamente por presunto acceso no autorizado al expediente forense del coronel Dávila. Se trata de profesionales y técnicos forenses, así como auxiliares del Instituto Nacional de Medicina Legal.
La investigación preliminar ya fue adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, pero debido a la gravedad del asunto, también se compulsaron copias al nivel central. En particular, se busca esclarecer la conducta del entonces Director Seccional de Medicina Legal en Cundinamarca.
Este episodio levanta nuevas sospechas sobre la cadena de custodia del expediente y la posible manipulación o filtración de información clave para el esclarecimiento del caso.
Cabe destacar que otra arista sensible del caso fue revelada por el periodista Daniel Coronell en su momento. Según su investigación, Dávila entregó 30 millones de pesos en efectivo —parte de un pago total de 50 millones— al abogado Miguel Ángel del Río Malo para su defensa legal. La reunión se habría realizado un día antes de su muerte, en un restaurante de Bogotá, donde también participaron dos exmiembros de la Policía Nacional.
Del Río reconoció la transacción, justificando que en ciertos casos es común recibir pagos en efectivo. Sin embargo, afirmó que tras la muerte del coronel, devolvió el dinero a su viuda. El abogado también declaró que, aunque los honorarios habituales oscilaban entre los 300 y 500 millones de pesos, decidió asumir el caso por una suma menor, dado su interés personal en el proceso.
Mientras tanto, la apertura de esta nueva indagación contra funcionarios de Medicina Legal reaviva la desconfianza en torno al manejo del caso y plantea nuevas preguntas sobre posibles irregularidades institucionales.
