En medio del clima electoral, un juez de control de garantías declaró ilegal la captura de Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, y ordenó su libertad inmediata junto con la devolución de los $145 millones que le fueron incautados.
Acuña había sido detenido el pasado 3 de marzo en las cercanías de Hatonuevo, La Guajira, cuando se movilizaba en un vehículo particular en el que la Policía halló el dinero en efectivo.
Su defensa, encabezada por el abogado Iván Cancino, celebró la decisión judicial. “La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, manifestó tras concluir la audiencia.
La Fiscalía apeló y la investigación sigue
Pese a la decisión, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación. Además, confirmó que un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción continuará adelantando las investigaciones para esclarecer el origen y destino de los recursos.
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El caso no queda cerrado y seguirá bajo análisis judicial.
Según informó el director general de la Policía, el general William Rincón, el efectivo estaba distribuido en siete sobres marcados con nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que según el oficial podría evidenciar una posible estructura relacionada con delitos electorales.
En el vehículo también fue encontrada propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.
Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Reacciones políticas y orden presidencial
El caso provocó reacciones en el Congreso. El representante Juan Carlos Losada calificó como “gravísimo” que el secretario de la Cámara estuviera presuntamente comprometido en conductas que podrían constituir delitos electorales y exigió explicaciones públicas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró que existe una instrucción clara a la Policía Nacional para actuar frente a la compra de votos.
“La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio”, enfatizó el mandatario.
Aunque el escolta recuperó su libertad y el dinero le fue devuelto por orden judicial, la investigación por presunta compra de votos en La Guajira continúa en curso, en un contexto marcado por la recta final hacia las elecciones legislativas.
