El salario mínimo 2026 ya quedó definido por decreto y el aumento vuelve a poner la lupa sobre un efecto que suele sentirse rápido: la vivienda de interés social (VIS). La razón es simple, aunque tiene consecuencias grandes: buena parte de las reglas del mercado de vivienda social están indexadas al SMLMV. Cuando el mínimo sube con fuerza, también se mueven topes, subsidios y, de paso, expectativas de precio.
Qué cambió en 2026
El SMLMV para 2026 quedó en $1.750.905 y rige desde el 1 de enero de 2026. En paralelo, el auxilio de transporte se fijó en $249.095, que normalmente aplica a quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Para ese grupo, el ingreso mínimo con auxilio llega a $2.000.000.
Topes VIS y VIS excepcional en pesos
En Colombia, el tope de precio de la VIS se expresa en salarios mínimos. En términos generales:
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VIS (135 SMLMV): $236.372.175
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VIS excepcional (150 SMLMV): $262.635.750
Para dimensionarlo, en 2025 esos mismos techos rondaban $192,2 millones (135 SMLMV) y $213,5 millones (150 SMLMV). Es decir, el salto es de aproximadamente $44,2 millones y $49,1 millones, respectivamente, solo por el cambio del mínimo.
Qué preocupa al sector constructor
Camacol ha insistido en que el aumento del salario mínimo puede traducirse en presiones de costos para la construcción, un sector con alta participación de mano de obra. Si suben los costos directos, el riesgo es que parte de ese incremento termine reflejándose en el precio final. En la VIS, el efecto puede ser más sensible porque el mercado tiende a mirar el nuevo tope como referencia y algunos proyectos se ajustan a ese “techo” cuando la demanda y el financiamiento lo permiten.
Subsidios y el debate de fondo
Varios apoyos también se calculan en salarios mínimos. En el caso del subsidio a la cuota inicial para vivienda nueva, se habla de 30 SMMLV para algunos hogares y 20 SMMLV para otros. Con el mínimo 2026, eso equivale, en números gruesos, a $52,5 millones (30) o $35,0 millones (20).
Pero el resultado real para cada familia no depende solo del subsidio: pesa el precio pactado, la tasa de interés, la capacidad de endeudamiento y la estabilidad del ingreso. Por eso sigue abierta una discusión de política pública: si tiene sentido que la vivienda social permanezca tan atada al mínimo o si conviene avanzar hacia reglas más claras en pesos, especialmente en documentos como promesas y contratos, para reducir incertidumbre en el comprador.
