Proceso de paz y su implementación son ejemplo a seguir: Emilio Archila

Mié, 19/08/2020 - 06:58
El consejero presidencial para la Estabilización habló sobre el acuerdo en Colombia, la lucha contra los cultivos de coca y la reforma rural.
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Emilio Archila, el encargado de poner en marcha el Acuerdo de Paz en Colombia, afirma que tanto el proceso de La Habana como su implementación son un ejemplo a seguir en el mundo.

Tras dos años de trabajo para empezar a cumplir los más de 500 indicadores en los que, según lo pactado, se debe medir la implementación del Acuerdo, el alto funcionario afirma que “en cada uno de los frentes” se han tenido “unos resultados muy satisfactorios”.

“Llevamos tres años desde que se firmaron los acuerdos. En esos tres años como nación modificamos nuestra Constitución, hicimos las elecciones legislativas más pacíficas que ha habido en los últimos 60 años y los representantes del partido FARC están en el Congreso ejerciendo sus derechos”, dijo Archila en entrevista con la Agencia Anadolu.

Añade que otro de los logros del proceso de paz fueron las elecciones locales en las que el partido político FARC participó. “Yo coordiné la protección de sus candidatos y ninguno de ellos fue muerto ni secuestrado”, dijo.

El alto funcionario ha estado entregando cifras y reportes de los logros alcanzados durante los primeros dos años de Gobierno de Iván Duque, que se cumplieron el pasado 7 de agosto. Señala que Colombia está avanzando con agilidad en el proceso de implementación, sobre todo al compararlo con otros países.

Por ejemplo, señala que en los últimos tres años también se puso en funcionamiento la justicia transicional con sus tres componentes que, afirmó, “están funcionando un 100 % financiados”. “En el proceso irlandés aún hoy no han logrado establecer cómo va a operar su justicia transicional”, dijo el funcionario a modo de contraste.

Reforma Rural Integral

Uno de los pilares del Acuerdo de Paz es la Reforma Rural Integral, ya que el conflicto colombiano ha estado fuertemente ligado a la tenencia de la tierra. Uno de los primeros pasos para hacer realidad la reforma es el catastro multipropósito, un registro detallado de todas las tierras que hay en el país para saber, entre otras cosas, su uso y en manos de quién están.

“Estamos convencidos de que en el catastro están contemplados una cantidad de temas que el país debería haber asumido con o sin acuerdo. Colombia es un país con altísima vocación agropecuaria”, dice Archila. “La información catastral permite conocer cuánta tierra hay, de quién es la tierra, cuál es el uso que se le puede dar”, explica.

Añade que, dependiendo de cuántas capas se le ponga a la medición, puede ser una herramienta “poderosa” para efectos medioambientales. “Es muy poderoso para planificación económica. Es relevante para conocer los aspectos étnicos que van ligados a la tierra. Es un escudo que protege a los campesinos de los despojos ilegales que se han dado por tanto tiempo en algunas zonas del país”, añade el alto funcionario.

Archila resalta que el 100 % de las tierras deben estar catastradas para 2025. “Al final de nuestra administración (2022) vamos a cubrir el 60 % del territorio”, añadió. Para lograr la meta el Gobierno adquirió un préstamo con el BID y con el Banco Mundial por USD 150 millones.

“En el Plan Marco de Implementación había unas metas que deben cumplirse, entre ellas tener un municipio piloto (del proceso catastral) que lo realizamos en el municipio de Ovejas (departamento de Sucre). Ese municipio está completamente catastrado. Adicionalmente, con los USD 150 millones vamos a poder llegar en esta primera etapa a alrededor de 70 municipios”, señala el funcionario. Añade que a la iniciativa también se han unido agencias de cooperación internacional como USAID.

El trabajo que queda por delante es extenso pues, según dice Archila, “cuando iniciamos, el Gobierno estaba entre el 2 y el 4 %” del catastro nacional y en los dos últimos años el Gobierno se ha concentrado en crear la herramienta, pero aún falta avanzar en el proceso catastral. Sin embargo, el consejero dice que el Gobierno tiene una “estrategia muy agresiva” para realizar el estudio y por eso confía en que lograrán cumplir la meta en los dos años que le quedan de Gobierno a Duque.

Sustitución de cultivos ilícitos

Otro de los temas claves del acuerdo de paz es la sustitución cultivos de uso ilícito, como la coca. El Gobierno resaltó que, en 2019, hubo una disminución de un 9% en el área sembrada de estos cultivos. Pero en Colombia estos descensos se han reportado muchas veces. Las cifras fluctúan con regularidad y suben con mucha rapidez. Entonces, ¿Qué hace falta para realmente transformar el campo colombiano y que ya no necesite de la coca para sobrevivir?

Archila dice que para separar al campo colombiano de la coca es necesario poner en marcha una estrategia integral “que se mantenga por el tiempo que se necesita para lograr la transformación de los territorios”.

El consejero explica que una manera de entenderlo es pensar en una línea de tiempo en la que las siguientes actividades empiezan todas en un mismo momento: eliminar los cultivos de coca, asegurarse de que las personas en esos territorios tengan medios alternativos lícitos para poder vivir y ser prósperos, y asegurarse de que los servicios del Estado lleguen a esas regiones. “Hay que imaginarse esas tres estrategias iniciando al mismo tiempo y avanzando al tiempo”, añade.

El mayor desafío, enfatiza Archila, es mantener todo ese esfuerzo por largos periodos de tiempo. “Arrancar la coca, a las buenas o a las malas, se demora dos semanas. Después de eso tener los cultivos sustitutos se demora entre cuatro y cinco años. Ese es el tiempo mínimo que se requiere para hacer un análisis del suelo, apoyarlos, arreglar la tierra, sembrar y que un cultivo esté dando suficientes ingresos”, explica el funcionario.

Los planes de desarrollo con enfoque territorial son los que más demorarían, ya que buscan mejorar las condiciones de producción de los campesinos y suplirles los servicios básicos. La ejecución de esos planes “se previó, y realmente así va a ser, en 10 o 15 años”, dice Archila. “Es la combinación de esos tres factores lo que va a garantizar que nuestras regiones no vuelvan a este negocio nefasto”, añade.

Para el alto funcionario, independientemente de si la coca se arranca “a las buenas o a las malas”, en el mediano y largo plazo, “necesitamos que en esas regiones donde la coca sea arrancada se den unos productos sustitutos. Eso en las regiones donde no hay sustitución voluntaria igual hay otros programas del Estado que permiten que los campesinos vayan ingresando a la legalidad”.

Según las cifras de la Consejería para la Estabilización, hasta ahora hay 200 familias en el departamento del Vichada, en el extremo este de Colombia, que dejaron el cultivo de la coca, iniciaron proyectos agrícolas y ya han vendido sus productos. En total hay 47.000 familias que dejaron la coca y están recibiendo asistencia técnica, que es el primer paso para la implementación de un proyecto productivo. “47.000 familias es como estar dándole asistencia técnica a la totalidad de Tumaco”, dice Archila para enfatizar las dimensiones del trabajo.

Reincorporación de combatientes

La reincorporación de los excombatientes que dejaron las armas es otro tema clave. “Es importante tener en cuenta que cada uno de los casi 13.000 excombatientes está recibiendo el 90% de un salario mínimo”, dice Archila.

Pero también es necesario que quienes dejaron las armas encuentren actividades productivas a largo plazo. “Cuando llegamos había cero proyectos productivos individuales, en este momento tenemos aprobados y en ejecución 300 de ellos. Cuando llegamos al Gobierno había dos proyectos productivos colectivos y en este momento hay 80. Eso para una población de 13.000 familias, es un nivel altísimo. Si nosotros sumamos a eso las personas que ya tienen empleo fijo, podemos decir que alrededor de 6.500 de ellos, es decir, más del 55 %, ya tienen una forma de ingreso permanente”, dice Archila.

A lo largo de toda la entrevista, el alto consejero para el posconflicto en Colombia resaltó que la implementación de lo pactado en La Habana tomará muchos años. “Hemos logrado que en todos los frentes en los que estamos trabajando los resultados se den como el país los necesita, en el periodo de aplicación de los acuerdos, que afortunadamente es de 12 y 15 años, porque ese es el tiempo que se necesita para lograr esas transformaciones tan gigantescas”, concluye Archila.

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Agencia Anadolu
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