La Procuraduría General de la Nación pidió a la Consejería para la Estabilidad y la Consolidación de la Presidencia de la República, un informe de las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de seguridad que presentan los excombatientes en proceso de reincorporación, en departamentos como Antioquia, Meta, Huila, Putumayo y Cauca.
El órgano de control mostró su preocupación ante el alarmante incremento de hechos victimizantes contra los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación política, social y económica, y enfatizó en la importancia de articular e implementar acciones urgentes para frenar los homicidios, atentados y amenazas, en regiones como La Uribe, Meta; Algeciras y Pitalito en Huila; Ituango, Frontino y Mandé en Antioquia, y Miranda, Cauca.
Así mismo, solicitó información sobre las acciones adelantadas para garantizar la seguridad de los excombatientes localizados en Argelia y Monterredondo, Cauca, y pidió reporte sobre los avances en la consolidación o traslado del antiguo Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en este último municipio.
Según cifras de la Misión de Observación de la Organización de las Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz se han presentado 212 asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación, entre ellos los dos casos reportados la semana pasada en Huila y Meta; así como 48 intentos de homicidio y 15 desapariciones.
La Procuraduría conoció denuncias sobre los riesgos de seguridad de grupos de excombatientes, incluso en los antiguos ETCR, como en Santa Lucía en Ituango, y la Carmelita, en Puerto Asís; o en lugares donde hay una población representativa de personas en proceso de reincorporación vinculadas a proyectos productivos colectivos, agrupados en su mayoría a cooperativas.
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En la Directiva 001 de 2020 ‘Lineamientos para la protección y el respeto de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los ex combatientes de las FARCEP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz)’ se hizo un llamado a las entidades a fortalecer las medidas de prevención, protección y seguridad necesarias para garantizar por parte del Estado una actuación oportuna en caso de presentarse algún hecho victimizante contra esta población.
Para responder al llamado de la Procuraduría General, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocó a la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación el próximo 23 de julio, en la que participarán el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.