En las zonas rurales de Colombia habitan doce millones de personas, es decir, el 13,7 por ciento de la población del país. Por otro lado, según cifras del DANE, para febrero de 2023 había en Colombia 3 262 000 personas ocupadas en labores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, actividad económica que se caracteriza por sus altos índices de accidentalidad.
En Colombia, el 20,6 % de la fuerza de trabajo es rural, una cifra importante que visibiliza la magnitud del aporte de los y las trabajadoras rurales como actores clave para movilizar la economía a lo largo y ancho del territorio nacional.
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Panorama de la seguridad y salud en el trabajo en la ruralidad
Aun así, en su mayoría, el desarrollo de estas actividades se da de manera informal, quiere decir, sin contar con acceso a prestaciones de tipo económicas o asistenciales en riesgos laborales en caso de sufrir alguna afectación en su lugar de trabajo.
Si bien la informalidad en general en Colombia es alta, en la ruralidad es más profunda, 8 de cada 10 trabajadores rurales son informales, es decir, gran parte de las personas que laboran en el campo no se encuentran afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales.
Para marzo de 2023, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó un total de 11 593 790 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En el caso de la actividad económica de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, existen 118 958 trabajadores afiliados y 437 accidentes calificados.
Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo OIT, los agricultores colombianos se ven expuestos diariamente a diversos peligros, que, al sumarlos a las malas prácticas y la inexistencia de medidas de prevención y control dentro del lugar de trabajo, pueden conducir a que los trabajadores sufran accidentes o enfermedades laborales, y en casos más graves, incluso la muerte.
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Dentro de los agentes más comunes, se encuentran la exposición a maquinaria y herramientas inadecuadas o en mal estado, productos químicos, la exposición a condiciones ambientales desfavorables o extremas, las infecciones por exposición a parásitos, virus, bacterias, entre otros, o la exposición a mordeduras de animales y picaduras de insectos, además del acceso deficiente a agua limpia y saneamiento, puesto que el 37,3% de los productores obtienen el agua para sus actividades de los ríos, quebradas, caños o manantiales según cifras del Tercer Censo Nacional Agropecuario.
¿Qué se debe hacer para mejorar condiciones laborales en lo rural?
Bajo ese contexto, en Colombia es necesario promover acciones que insten a la protección de la salud de los trabajadores de la ruralidad, entendiéndose como una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país; su conservación y protección se considera de interés social y sanitario, y en ellas participan el gobierno y los particulares (Congreso de Colombia 1979 art.81).
“Hoy, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, resaltamos la necesidad de promover el diálogo social como herramienta clave para la participación activa de todos los sectores, gobierno, empleadores y trabajadores, en la búsqueda de soluciones efectivas para superar los retos en materia de informalidad laboral y riesgos laborales, a los que se enfrentan los trabajadores del agro día a día” afirmó Schneider Guataquí, punto focal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
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Un diálogo que será clave para garantizar el ahora quinto principio y derecho fundamental del trabajo “un entorno de trabajo seguro y saludable”, adherido apenas el año pasado por la Conferencia Internacional del Trabajo y sobre el cual los estados miembros de la OIT, incluido Colombia, tienen la obligación de respetar, promover y hacer realidad de buena fe este derecho haya o no ratificado los convenios definidos ahora como fundamentales (155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el 187 sobre el marco promocional de la SST).
En esta tarea, impulsar acciones conjuntas y articuladas con los diferentes interlocutores sociales, que permitan avanzar en la prevención lesiones en el trabajo y en la gestión de los riesgos en la ruralidad es clave, con el fin de materializar la justicia social y avanzar en el logro de un trabajo decente para los trabajadores del campo colombiano.
