El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los diálogos de paz urbana que se desarrollaban en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, luego de que se conociera la realización de una parranda vallenata al interior del penal.
La decisión fue comunicada el 9 de abril a través de un pronunciamiento oficial de la delegación gubernamental, que participa en el Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ), mecanismo orientado a avanzar en procesos de desescalamiento de violencias en el Valle de Aburrá.
Rechazo oficial a los hechos
En el comunicado, la delegación del Gobierno dejó claro que lo ocurrido no hace parte de las condiciones ni garantías del proceso de diálogo.
“El ingreso de un artista a la cárcel de Itagüí no hace parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ”, señala el documento, en el que también se rechazan de manera “contundente y categórica” los hechos registrados el 8 de abril.
En esa misma línea, se anunció la suspensión de la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales hasta que se esclarezca su eventual responsabilidad en lo ocurrido.
Contexto: parranda vallenata dentro de la cárcel
El episodio que detonó la decisión se conoció en las últimas horas, tras revelarse que en el patio 1 del penal se llevó a cabo una parranda vallenata protagonizada por el cantante Nelson Velásquez.
El hecho generó cuestionamientos debido a que en ese centro carcelario permanecen recluidos voceros de estructuras criminales de Medellín que participan en acercamientos con el Gobierno en el marco de la política de paz total.
Medidas adoptadas por el Inpec
Tras conocerse la situación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer cómo se permitió el ingreso del artista.
Además, la entidad ordenó la suspensión de siete funcionarios que estaban de servicio durante la visita, así como la remoción temporal del director del establecimiento.
En un comunicado, el Inpec reiteró que la actividad no fue autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ni por la dirección general del Instituto.
Respaldo a acciones institucionales
La delegación del Gobierno también expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Inpec y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos antes de retomar cualquier tipo de diálogo.
“El espacio de conversación socio jurídico tiene como propósito la construcción de paz urbana, el desescalamiento de violencias y el tránsito de integrantes de estructuras criminales al Estado de derecho”, señala el comunicado.
Proceso en pausa
La suspensión de los diálogos se produce en un momento en el que se venían anunciando avances hacia un acuerdo condicionado de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
Sin embargo, el episodio ocurrido dentro del penal llevó a frenar temporalmente las conversaciones, mientras se determinan responsabilidades y se revisan las condiciones bajo las cuales se desarrolla este proceso.
