Una mujer identificada como Nancy Catalina Agudelo Arango fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en la estafa de cerca de 30 personas que entregaron dinero para supuestas inversiones en Medellín y Bucaramanga.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la procesada promovía oportunidades de negocio relacionadas con la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos.
La investigación estableció que los hechos ocurrieron entre enero de 2019 y noviembre de 2024. Durante ese periodo, Agudelo Arango se presentaba como empresaria y ofrecía inversiones a través de dos compañías.
Prometía rendimientos de hasta el 45 %
Según el ente acusador, la mujer afirmaba contar con contratos con reconocidas multinacionales, una estrategia con la que buscaba generar confianza entre quienes estaban interesados en invertir.
Además, ofrecía rendimientos de entre el 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que iban desde ocho hasta 60 días.
Las víctimas entregaron sumas que iban desde $1 millón hasta $763 millones, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras personas. En uno de los casos, la mujer incluso recibió un vehículo como parte de la supuesta inversión.
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¿Cómo justificaba los retrasos en los pagos?
Cuando los rendimientos prometidos no eran pagados a tiempo, Agudelo Arango argumentaba supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que aseguraba mantener relaciones comerciales.
La Fiscalía indicó que, de acuerdo con las pruebas recopiladas, la procesada obtuvo un provecho económico ilícito superior a $3.914 millones. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros por más de $11.520 millones.
Condenada por estafa agravada y enriquecimiento ilícito
Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.
La sentencia se produjo después de que la procesada aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía.
La decisión es de primera instancia, por lo que contra ella todavía proceden los recursos establecidos por la ley.
