El alcalde de Quinchía, Risaralda, Jader de Jesús Clavijo Bañol, anunció que modificará el decreto de convivencia ciudadana que restringía la instalación de comederos y bebederos para perros callejeros, luego de la controversia que generaron sus declaraciones sobre posibles comparendos a quienes alimentaran o les suministraran agua a estos animales.
La decisión se conoció después de que un audio difundido en redes sociales desatara una ola de críticas en todo el país. En la grabación, el mandatario hablaba de sancionar a quienes ayudaran a cinco perros conocidos en el municipio como "la banda del Serrucho", señalados por protagonizar accidentes de tránsito y perseguir motociclistas.
Horas después de la polémica, el alcalde aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aseguró que ninguna norma contempla imponer comparendos a quienes den comida o agua a animales en condición de abandono.
"No vamos a imponer comparendos a personas que den comida o agua. Eso no está estipulado en ninguna ley", afirmó el mandatario, quien confirmó que el decreto será ajustado para evitar interpretaciones equivocadas.
El alcalde explicó que la preocupación de la administración surgió por los reiterados incidentes atribuidos a un grupo de cinco perros callejeros. Según indicó, en Quinchía se han registrado más de 160 accidentes por mordeduras, de los cuales más de 70 ocurrieron durante este año.
Como parte de las acciones adoptadas, los animales fueron trasladados primero a un hogar de paso en Palestina, Caldas, y posteriormente a una fundación en Norcasia, con el propósito de protegerlos y evitar nuevos incidentes durante las festividades del municipio.
Además de modificar el decreto, la Alcaldía anunció un censo de perros y gatos en condición de calle, jornadas de esterilización y estrategias para fortalecer la tenencia responsable de mascotas, al tiempo que pidió apoyo del Gobierno Nacional y de la empresa privada para atender una problemática que, según el mandatario, supera la capacidad financiera de los municipios de sexta categoría.
La decisión de revisar el decreto fue bien recibida por sectores defensores de los animales, que habían advertido que restringir el acceso al agua o al alimento de los perros callejeros podía afectar su bienestar y enviar un mensaje contrario a los principios de protección animal establecidos en la legislación colombiana
