La Fiscalía General de la Nación avanza en su investigación sobre el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ha anunciado que imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según confirmó la fiscal del caso, María Cristina Patiño, Bonilla será acusado de los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de una presunta red de direccionamiento de contratos con fines políticos.
Este paso procesal se dará una vez sea aprobado por un juez el principio de oportunidad solicitado para una testigo clave del caso, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Su testimonio ha sido fundamental para vincular a Bonilla y otros exfuncionarios con una supuesta red que habría utilizado contratos públicos como moneda de cambio para obtener respaldo legislativo en el Congreso durante 2023.
La investigación, que se ha extendido más allá de Bogotá hacia municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, incluye labores de verificación de contratos regionales que presuntamente fueron adjudicados de manera irregular. De acuerdo con la Fiscalía, estos convenios habrían sido utilizados para asegurar votos a favor de iniciativas promovidas por el Ejecutivo.
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Bonilla se convierte así en uno de los nuevos señalados dentro de los cuatro frentes abiertos por el caso. Entre los nombres que ya están bajo escrutinio se encuentran el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exjefe del Dapre, Carlos Ramón González; el exdirector de Función Pública, César Manrique; y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. A excepción de López, todos han rechazado cualquier vínculo con la red de corrupción.
Olmedo López y su exsubalterno, Sneyder Pinilla, han accedido a colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. Ambos han entregado información clave que ha permitido a la Fiscalía profundizar en la estructura de la red de direccionamiento y corrupción institucional.
El testimonio de María Alejandra Benavides ha reforzado la hipótesis de que al menos tres contratos millonarios fueron gestionados como parte de este entramado, con el objetivo de otorgar cupos indicativos a legisladores a cambio de su apoyo político. Con la aprobación del principio de oportunidad para Benavides prevista para finales de esta semana, se abrirá la vía legal para realizar la audiencia de imputación contra Bonilla, una figura central en este caso que sigue creciendo en alcance y consecuencias.
